Aldama acusa a Sánchez sin pruebas
El juicio que originalmente se centró en la adjudicación irregular de mascarillas se transformó este miércoles en una investigación sobre presunta financiación ilícita del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Víctor de Aldama, el comisionista que facturó a ministerios, empresas públicas y comunidades autónomas por la venta de mascarillas, ofreció una declaración en la que acusó tanto al partido como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Durante aproximadamente ocho horas, Aldama describió cómo entregaba dinero en efectivo a los ministros José Luis Ábalos y Koldo Álvarez, señalando que les transfería 10 000 euros para cubrir sus gastos. Según el testimonio, dichos pagos provenían de comisiones que el comisionista recibía de constructoras y de otras operaciones, entre ellas la venta de petróleo venezolano. El relato no abordó si existió financiación irregular del PSOE –asunto que investiga la Audiencia Nacional en una pieza confidencial– ni estableció la responsabilidad directa de Sánchez.
Detalles del testimonio de Aldama
El comisionista explicó que cuando las cantidades eran pequeñas (entre 50 000 y 60 000 euros) las entregaba en sobres; en casos mayores, como una ocasión en la que transportó 250 000 euros, las trasladó en una mochila. Asimismo, describió que él mismo llevaba el efectivo al despacho oficial del ministro Ábalos, aunque no precisó fechas, lugares de origen del dinero ni la forma exacta en que se guardaba.
Aldama afirmó que el PSOE se habría financiado de manera irregular a través de las comisiones percibidas de las constructoras, pero no aportó pruebas documentales que corroboraran sus declaraciones. Su testimonio, aunque autoincriminatorio, carece de indicios concretos que permitan rastrear la procedencia y el destino de los fondos en efectivo.
Las autoridades judiciales escucharon con atención la exposición del acusado, permitiendo que se explayara sin interrupciones pese a las objeciones de la defensa. Los magistrados, con amplia experiencia en casos de corrupción, mostraron una postura cautelosa frente al ruido mediático que rodea el proceso.
El trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) se ha centrado en identificar una supuesta organización delictiva con una “bicefalia” en la que Ábalos actuaba como receptor y Aldama como quien pagaba. Sin embargo, la investigación no ha incluido al PSOE ni a Pedro Sánchez en sus informes, y la Guardia Civil no ha encontrado pruebas que vinculen directamente al partido con los hechos descritos.
En definitiva, el testimonio de Aldama aporta una narrativa que resulta atractiva desde el punto de vista periodístico, pero que, hasta el momento, no dispone de sustento probatorio suficiente para derivar en una imputación contra el presidente del Gobierno o el partido. La justicia seguirá evaluando la relevancia de estas declaraciones dentro del marco legal correspondiente.
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