Escrivá dice que se reunió con Zapatero para hablar de las medidas del Covid y no del rescate de Plus Ultra
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, figura entre los altos cargos señalados en la investigación judicial del caso Plus Ultra. El auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, menciona una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 entre el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la que se ha citado a declarar el próximo 2 de junio.
Según fuentes cercanas a Escrivá consultadas por El Independiente, “Escrivá nunca trató el tema de Plus Ultra ni su posible rescate con la Seguridad Social; se trató de una materia ajena a sus competencias como ministro”. Aseguran que el funcionario “no tuvo conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social ni en la emisión de certificados de estar al corriente de pago para ninguna empresa”.
Detalles de la reunión y su contexto
El encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio, según consta en un mensaje del director de la Unidad de Emergencias, Coordinación y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, remitido a Koldo García Izaguirre, asesor personal del exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El documento, identificado como “caso Koldo”, ha sido incorporado al auto judicial.
Las fuentes indican que la reunión fue solicitada por el propio Escrivá “para tratar las medidas frente al Covid”. En ese momento, su departamento debía presentar al Parlamento nuevas disposiciones para hacer frente al repunte de contagios tras el verano.
Con un perfil marcadamente técnico después de su paso por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Escrivá habría buscado rodearse de asesores con mayor experiencia política para explicar las actuaciones del Gobierno en materia sanitaria y diseñar la estrategia de negociación parlamentaria, cada vez más compleja. Las mismas fuentes afirman que “Escrivá ha conversado con Rodríguez Zapatero alrededor de media docena de veces a lo largo de su gestión, pero nunca se abordó la situación de Plus Ultra ni la de ninguna otra empresa”.
El auto judicial muestra que Plus Ultra obtuvo un certificado de estar al corriente de pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a pesar de mantener una deuda pendiente cercana a los 500 000 euros. En marzo de 2021, la compañía recibió un rescate público de 53 millones de euros en forma de préstamo, tras haber conseguido previamente un aplazamiento de la deuda.
El juez señala que el 20 de agosto de 2020 Plus Ultra recibió el certificado de estar al corriente con la TGSS. Entre los requisitos para acceder al rescate público estaba estar al día con las obligaciones tributarias y con la TGSS al 31 de diciembre de 2019. No obstante, un informe de Deloitte, elaborado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), indica que en febrero de 2021 la aerolínea facilitó documentación relativa a una deuda preexistente con la Seguridad Social por 451 954,79 euros, incluyendo una resolución estimatoria de 5 de octubre de 2020 que concedía el aplazamiento de dicha deuda, apenas un mes después de la reunión entre Escrivá y Zapatero.
Ante estos hechos, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional ha citado a Escrivá a comparecer ante la comisión del Senado que investiga la gestión de la SEPI, una investigación que ya ha implicado a Zapatero. El Partido Popular también ha citado a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente.
Desde el entorno del gobernador se insiste en negar cualquier influencia en el asunto investigado por la UDEF, afirmando que “todas estas actuaciones son de carácter técnico, realizadas por la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que el entonces ministro haya tenido participación o conocimiento de las empresas beneficiarias”.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz, la tramitación de los aplazamientos “se lleva a cabo con el máximo rigor y la legalidad vigente, sin intención de perjudicar o favorecer a ninguna compañía”. Añaden que durante la pandemia se concedieron más de 137 000 aplazamientos en 2020, el doble que el año anterior, como parte de los instrumentos de apoyo a la liquidez del tejido empresarial.
Para obtener un aplazamiento, las empresas deben acreditar una dificultad transitoria de liquidez y su capacidad de pago, respaldada por garantías. En el caso de Plus Ultra, el Ministerio sostiene que “se limitó a aplicar la normativa vigente y el procedimiento normal”. Asimismo, explica que los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social “se emiten de forma automática, sin intervención de un funcionario concreto”, y que una vez concedido el aplazamiento no aparece deuda pendiente en el registro.
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