Alsina, ante el inicio de los juicios por la 'Kitchen' y el 'caso mascarillas': "Esta es la semana grande de la justicia y de la limpieza"
En el archivo histórico del Tribunal del Santo Oficio de Lima se conserva el caso de Francisco Ludueña, originario del pueblo de Mulalo, jurisdicción de Jacunda. Fue detenido en junio de 1813 y, tras ser juzgado, se le declaró culpable de ejercer funciones sacerdotales sin estar ordenado. Entre los actos que se le imputaron estaban la celebración de sesenta misas, la escucha de cinco confesiones, la administración del sacramento del bautismo a ocho personas y la distribución de la comunión a cinco feligreses usando hostias consagradas por él mismo.
Ludueña formó parte de los cincuenta y tres expedientes que el Santo Oficio examinó en el virreinato hasta su cierre en 1820, una época en la que los falsos oficiantes proliferaban en la América española. La vestimenta clerical les garantizaba alojamiento y alimentos gratuitos, donativos de fieles y la impunidad de desplazarse por los pueblos sin ser detenidos por las autoridades locales.
Tras su condena, Ludueña escapó de la cárcel y permaneció oculto durante casi cuatro años en Cariamanga. Reapareció cuando entró en vigor el indulto general de 1815 y solicitó que se tuviera en cuenta su arrepentimiento y supuesta devoción. El tribunal concedió la clemencia, no por su piedad, sino por el diagnóstico de demencia que le fue atribuido: “afecto melancólico y nostálgico, calentamiento de cabeza y arrebato delirante”. La sentencia quedó sin ejecución posterior y Ludueña desapareció de los registros, quedando como ejemplo de “falso cura perturbado”.
Operación Kitchen y el falso cura de Cuenca
Más de dos siglos después, un caso con resonancia similar volvió a la prensa española. El 23 de octubre de 2013, un individuo disfrazado de sacerdote, portando un maletín, irrumpió en la residencia de los Bárcenas en Cuenca (España). Tras identificarse como representante del obispo, amenazó a la familia, los ató y exigió la entrega de varios pendrives que, según él, contenían información comprometida para “tumbar al gobierno”.
El autor del asalto fue identificado como Olivares García, quien más tarde se presentó en el diario La Razón alegando haber sido guerrillero en El Salvor. En sus declaraciones sostuvo que su objetivo era obligar a la familia a revelar los pendrives que, según los investigadores, podrían contener pruebas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular por parte de Luis Bárcenas.
Guillermo Bárcenas, hijo de Luis, declaró ante el juez que el “falso cura” había actuado bajo la creencia de que los pendrives servirían para desestabilizar al gobierno. No obstante, el peritaje forense realizado en 2020 determinó que Olivares García padecía una alteración mental que impedía que sus declaraciones fueran fiables, describiendo su estado como “perturbado” y “en delirio”. El sospechoso falleció antes de que se resolviera su proceso.
El episodio formó parte de la denominada Operación Kitchen, una investigación policial cuyo objetivo era apoderarse del material que, según la Fiscalía, Luis Bárcenas habría guardado en su domicilio para presionar a los máximos dirigentes del Partido Popular. Entre los agentes vinculados a la operación se encontraban José Luis Olivera, apodado “cocinero”, y el conocido excomisario José Mendoza Villarejo, conocido como “chef”. Ambos fueron acusados de participar en maniobras para obtener los pendrives al margen de la autoridad judicial.
El proceso judicial que se ha abierto recientemente pretende esclarecer si la orden de obtener los pendrives provino del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y si hubo conocimiento o consentimiento de otras altas autoridades, incluido el expresidente Mariano Rajoy. La investigación también examina el supuesto encubrimiento de la operación por parte de la secretaria general del Partido Popular, María José Cospedal, y la posible implicación de funcionarios del Ministerio del Interior.
El caso ha reavivado el debate sobre la presunta corrupción institucional en España y la interferencia del poder ejecutivo en investigaciones judiciales que podrían haber comprometido a altos cargos del Partido Popular. La audiencia judicial, que cuenta con la presencia de testigos como el propio Luis Bárcenas, está prevista para continuar durante los próximos días, mientras la opinión pública sigue atenta a los posibles desenlaces de este escándalo que ha puesto nuevamente bajo la lupa la relación entre política y justicia en el país.
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