"El ministro quiere una casa"
Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, ambas empresarias, comparecieron este jueves ante el tribunal para describir lo que el fiscal jefe de la unidad Anticorrupción, Alejandro Luzón, calificó como “contraprestaciones en metálico o en especie”. Según el fiscal, dichos pagos habrían sido a cambio de favores concedidos por el ex ministro José Luis Ábalos a empresas que, en su mayoría, operaban mediante fraudes en el IVA.
Detalles de los presuntos hechos de corrupción
Leonor González Pano mantuvo una relación sentimental con Víctor de Aldama. Su madre, Carmen Pano, era socia de Claudio Rivas, empresario del sector de hidrocarburos, quien buscaba obtener una licencia oficial para operar como “operador” de hidrocarburos. Ante la imposibilidad de conseguirla, Leonor informó a su madre que el contacto necesario para lograr la licencia era su novio, Aldama, cuyo vínculo con el ministro Ábalos había sido mencionado por Aldama mismo.
Carmen Pano y Claudio Rivas formaban parte de la sociedad de Villafuel, la empresa que pretendía obtener la licencia. Aldama, aprovechando su supuesta influencia, consiguió una cita el 28 de diciembre de 2020 en el Ministerio de Industria con el jefe de gabinete de la entonces ministra (Reyes Maroto), Juan Ignacio Díaz Bidart. El intermediario fue Koldo García, colaborador cercano de Ábalos. Aunque la reunión resultó satisfactoria para Rivas, la licencia no se concedió en los meses siguientes, y Aldama respondió a la queja del empresario con la frase: «El ministro quiere una casa».
Siguiendo esa indicación, Rivas encargó a uno de sus colaboradores buscar una vivienda para Ábalos. En julio de 2021, la empresa Have Got Time, cuya administradora era Carmen Pano, adquirió un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea (Cádiz), por 526.000 euros. El inmueble, con piscina, jardín y dos plantas, fue entregado al ministro bajo la modalidad de alquiler con opción a compra. Sin embargo, el mismo mes de julio, Ábalos fue destituido del Gobierno y del Partido Popular por el presidente Pedro Sánchez.
Tras su salida del cargo, el ministro dejó de pagar el alquiler en agosto, aunque siguió disfrutando del chalet hasta diciembre, fecha en la que Claudio Rivas inició un proceso de desahucio, ya que la licencia de Villafuel todavía no había sido concedida. Finalmente, la autorización llegó aproximadamente un año después de lo previsto.
Otro episodio mencionado por la defensa popular del Partido Popular, representada por el abogado Alberto Durán, involucró una entrega de 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Según el testimonio de Carmen Pano, ella realizó dos entregas de 45.000 euros cada una en diciembre de 2020, gestiones vinculadas a la solicitud de la licencia de Villafuel. El dinero habría sido entregado por Claudio Rivas a Víctor de Aldama, quien solicitó a Carmen Pano que lo trasladara a la sede del PSOE. Cuando el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, preguntó si esos fondos correspondían al pago de la licencia, la testigo se mostró evasiva y afirmó desconocerlo.
El tercer día del juicio, centrado en el caso de las mascarillas, no se abordaron los favores a las allegadas de Ábalos, sino el flujo de dinero que, según la acusación, sustenta las prácticas corruptas. El proceso sigue en curso y, hasta la fecha, no se ha dictado sentencia sobre los hechos descritos.
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