¡Impactante! Fiscalía y
Las defensas de Begoña Gómez, de su exasesora de Moncloa Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés han vuelto a solicitar este miércoles el archivo de la causa que lleva a cabo el magistrado Juan Carlos Peino sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno. A esa petición se ha sumado también la Fiscalía, mientras que las acusaciones populares han reclamado la práctica de nuevas diligencias de investigación.
La vista comenzó a las 12:20 h en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y se prolongó hasta pasada la 15:00 h. Ninguno de los tres investigados asistió, ya que su presencia no es obligatoria en este tipo de trámite; solo comparecieron sus representantes legales.
El instructor citó a las partes para comunicarles su intención de remitir la causa a un tribunal del jurado si finalmente se llega a juicio. En concreto, la investigación abarca cinco presuntos delitos:
- Tráfico de influencias
- Corrupción en los negocios
- Apropiación indebida de marca
- Intrusismo
- Malversación de fondos públicos
El nuevo movimiento de Peino se produce tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid del 23 de febrero, que rechazó el primer intento de dirigir la causa a un jurado popular. El tribunal consideró que no existían “indicios racionales de criminalidad” suficientes y criticó al juez por no haber realizado “un mínimo esfuerzo argumentativo” para justificar la tipicidad de los hechos y la participación de los investigados.
En respuesta, el 20 de marzo Peino dictó un nuevo auto intentando subsanar esas observaciones. Argumentó que, durante la fase de instrucción, se habían detectado indicios de delitos que son competencia del jurado popular –principalmente tráfico de influencias y malversación–, por lo que considera procedente remitir la causa a ese tipo de tribunal.
Hasta hace poco la investigación estaba dividida en dos piezas separadas. La primera se centraba en las actividades de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, su acceso a una cátedra extraordinaria, el supuesto tráfico de influencias a favor de Barrabés y el uso de un software vinculado al proyecto. La segunda analizaba una posible malversación relacionada con el fichaje de Álvarez para realizar supuestas tareas privadas ajenas a sus funciones en la Presidencia del Gobierno. El magistrado ha decidido unificar ambas líneas, al considerar que todos los hechos están conectados y deben examinarse de forma conjunta.
Defensas solicitan el archivo y la Fiscalía se suma
Las defensas de los tres investigados ya habían pedido el archivo de la causa la semana pasada, tras recurrir el último auto de Peino. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, calificó la resolución de “mera reiteración de conjeturas” y sostuvo que la única conclusión es que su defendida está siendo investigada “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.
Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez cuestionó los indicios presentados por el magistrado, argumentando que dedicar “medio minuto al día” a tareas privadas de Gómez no puede constituir un delito de malversación, y subrayó que algunos de los delitos incluidos en la causa no son competencia del tribunal del jurado.
El empresario Juan Carlos Barrabés, a su vez, pidió el archivo al considerar que “no existe ni una sola evidencia” de los delitos que se le imputan.
Frente a la solicitud de archivo, las acusaciones populares han exigido que continúe la investigación y han pedido la práctica de nuevas diligencias. Entre las actuaciones solicitadas destacan la actualización de la información sobre el salario de Cristina Álvarez y la incorporación íntegra de la vida laboral de la esposa del presidente del Gobierno.
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