Kitchen: el juicio que sentenciará a la cúpula de Interior de la era Rajoy
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes la fase oral del juicio conocido como “operación Kitchen”, una supuesta trama parapolicial que habría sido impulsada desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP) con el objetivo de sustraer documentación al extesorero del partido, Luis Bárcenas. El proceso, que se prolongará hasta junio, contempla 35 sesiones entre la sede de García‑Gutiérrez y la de San Fernando, y escuchará más de un centenar de declaraciones de testigos, agentes y peritos.
Desarrollo del proceso y principales acusados
En el banco de los acusados se encuentran once personas, entre ellas el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el excomisario José Manuel Villarejo, el exdirector adjunto de la Policía Eugenio Pino y el chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, así como varios altos mandos policiales.
- Jorge Fernández Díaz – exministro del Interior.
- Francisco Martínez – exsecretario de Estado de Seguridad.
- José Manuel Villarejo – excomisario.
- Eugenio Pino – exdirector adjunto de la Policía.
- Andrés Gómez Gordo – comisario.
- Sergio Ríos – chófer de Luis Bárcenas.
El proceso también convocará a declarar a figuras clave del Partido Popular y del gobierno de Rajoy, entre ellas el propio expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y el actual titular de la cartera, Fernando Grande‑Marlaska.
Entre los materiales incorporados a la causa se encuentran varias grabaciones realizadas por el propio Villarejo, anotaciones de sus agendas personales –un tipo de diario donde registraba reuniones, encargos y pagos– y correos electrónicos enviados por Villarejo al entonces secretario de Estado de Seguridad en 2016, en los que se recrimina a Martínez por “dejarle tirón” después de haberle convencido de participar en el dispositivo.
Según la Fiscalía Anticorrupción, la “operación Kitchen” fue ideada por la cúpula del Ministerio del Interior al margen de los cauces legales, con la finalidad de localizar y apropiarse de documentación relativa a la “caja B” del PP que estuviera en poder de Bárcenas, evitando así que esa información fuera incorporada al procedimiento judicial del caso Gürtel.
La acusación sostiene que el plan se articuló a través de varios mandos policiales y del propio chófer de la familia Bárcenas, quien habría sido reclutado como confidente para informar sobre los movimientos del extesorero y facilitar el acceso a la documentación a cambio de fondos reservados.
En cuanto a las penas solicitadas, la Fiscalía pide 15 años de prisión para Fernández Díaz, Martínez, Pino y Gómez Gordo por presuntos delitos de encubrimiento, malversación de caudales públicos e intimidación. Para Villarejo, como presunto artífice del espionaje, se solicitan 19 años, mientras que al chófer Ríos se le reclama una condena de 12 años y cinco meses.
Las primeras sesiones se dedicarán a cuestiones preliminares planteadas por las defensas antes de que inicien las declaraciones de testigos y peritos. Los acusados comparecerán, según el calendario del tribunal, al final del proceso.
El 20 de abril comparecerán Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, quienes ejercen la acusación particular al considerarse víctimas del supuesto espionaje. Ese mismo día estarán citados el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
El 23 de abril está prevista la declaración de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Juan Ignacio Zoido. La exvicepresidenta Sáenz de Santamaría comparecerá el 27 de abril, día en que también testificará Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero.
María Dolores de Cospedal comparecerá como testigo después de que la Audiencia Nacional decidiera excluirla del procesamiento. El juez García Castellón consideró que no existían indicios suficientes para imputarla, aunque se dispone de grabaciones y anotaciones que apuntan a contactos con la entonces secretaria general del partido. Esa versión, que sostiene la ausencia de participación de instancias políticas superiores, será la que se evalúe en el juicio.
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