La Audiencia Nacional rechaza suspender el juicio de la 'operación Kitchen' y descarta imputar a Cospedal
El Tribunal de la Audiencia Nacional, que lleva a cabo el proceso oral de la llamada “operación Kitchen”, ha desestimado las solicitudes de suspensión del juicio presentadas por las defensas. Entre los argumentos presentados estaban la supuesta falta de competencia del tribunal, la extensión “injustificada” del secreto de sumario y la falta de vínculo entre la pieza Kitchen y la macro‑causa “Tándem”. El tribunal también ha rechazado la petición del PSOE de aplazar el proceso para imputar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, así como la solicitud de declarar al PP como partícipe a título lucrativo.
La sesión del martes marcó la reanudación del juicio, que investiga un presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de obtener información sensible del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que pudiera perjudicar a dirigentes del partido. Entre los investigados figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el retirado comisario José Manuel Villarejo y varios altos mandos policiales.
Decisiones del tribunal sobre las cuestiones previas
Siguiendo la posición de la Fiscalía Anticorrupción, los magistrados han confirmado la competencia de la Audiencia Nacional para conocer los hechos y han considerado que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de los acusados por la dilación del secreto de sumario. La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha subrayado que el Ministerio Público ha comunicado diligencias que el tribunal califica como “relevantes” y que justifican la extensión del secreto de sumario. Asimismo, ha asegurado que los acusados están “en condiciones de ejercer su defensa” y que la dilación no afecta al principio de igualdad de armas.
En cuanto a la impugnación de los audios supuestamente grabados por Villarejo, la magistrada ha descartado su anulación. Aunque reconoce que será necesario valorar la fiabilidad y la veracidad de esas pruebas, ha indicado que no se excluirán del procedimiento, sino que se contrastarán con el resto de la evidencia.
Respecto a la solicitud de imputar a Cospedal y a López del Hierro, Palacios ha precisado que la reapertura de un procedimiento para personas a quienes ya se les archivó la causa debe tramitarse ante el magistrado instructor, que es el competente “soberano” en materia de instrucción, y no ante el tribunal que está celebrando el juicio.
En relación con la petición de que el PP sea considerado partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario, la magistrada ha argumentado que las acusaciones provienen de la cúpula del Ministerio del Interior y no del propio partido, por lo que la responsabilidad corresponde al Estado y no a la formación política.
Posteriormente, el abogado de Villarejo ha propuesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo. La solicitud se basa en unas declaraciones realizadas por Sánchez en Nueva York en 2018, en las que afirmó que “no nos va a marcar la agenda un corrupto”. Según la defensa, esas expresiones podrían influir en la presunción de inocencia de Villarejo dentro del caso “Tándem”. Además, se ha pedido también la comparecencia como testigos del actual ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la expresidenta del Consejo de Estado, Dolores Delgado, por declaraciones que, según la defensa, habrían sido “desleales con el Estado de Derecho”.
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