La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asesora y Barrabés vuelven a pedir al juez Peinado el archivo de la causa
Las defensas de Begoña Gómez, la exasesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés volvieron a solicitar este miércoles el archivo de la causa que investiga el juez Juan Carlos Peño sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno. A la petición se ha sumado también la Fiscalía, mientras que las acusaciones populares han reclamado la práctica de nuevas diligencias de investigación, según explicaron fuentes jurídicas a El Independiente al salir del Juzgado de Plaza de Castilla.
La vista comenzó a las 12:20 h en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y se prolongó hasta pasada la 15:00 h. Ninguno de los tres investigados asistió, ya que su presencia no es obligatoria en este tipo de trámite; únicamente comparecieron sus representantes legales.
El magistrado había citado a las partes para comunicarles su intención de remitir la causa a un tribunal del jurado si el proceso llegara a juicio. En concreto, la investigación persigue a la esposa del presidente por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación de fondos públicos.
Solicitudes de archivo y nuevas diligencias
El nuevo movimiento de Peño se produce tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid del 23 de febrero, que rechazó el primer intento de dirigir la causa a un jurado popular. Los magistrados estimaron que no existían “indicios racionales de criminalidad” suficientes y reprocharon al juez la falta de un “mínimo esfuerzo argumentativo” para justificar la tipicidad de los delitos y la participación de los investigados.
Tras esa resolución, Peño dictó el 20 de marzo un nuevo auto en el que intentó subsanar el mencionado reproche. En él sostiene que, durante la fase de instrucción, se han detectado indicios de delitos que serían competencia del jurado popular —principalmente tráfico de influencias y malversación—, por lo que considera procedente remitir la causa a ese tipo de tribunal.
Hasta ahora, la investigación estaba dividida en dos piezas separadas. La primera se centraba en las actividades de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, como su acceso a una cátedra extraordinaria, el supuesto tráfico de influencias a favor de Barrabés y el uso de un software vinculado al proyecto. La segunda analizaba una posible malversación relacionada con la contratación de Álvarez para realizar, supuestamente, tareas privadas ajenas a sus funciones en la Presidencia del Gobierno. El instructor decidió finalmente unificar ambas líneas al considerar que todos los hechos estaban conectados y debían examinarse de forma conjunta.
Recursos de las defensas
Las defensas de los tres investigados ya habían solicitado el archivo de la causa la semana pasada, tras recurrir el último auto de Peño. El abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, calificó la resolución de “mera reiteración de conjeturas” y afirmó que la única conclusión que se desprende es que su defendida está siendo investigada “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.
Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez cuestionó los indicios utilizados por el magistrado, argumentando que dedicar “medio minuto al día” a tareas privadas de Gómez no puede constituir un delito de malversación. Además, subrayó que algunos de los delitos incluidos en la causa no son competencia del tribunal del jurado.
El empresario Juan Carlos Barrabés también pidió el archivo, al considerar que “no existe ni una sola evidencia” de los delitos que se le imputan.
Nuevas diligencias solicitadas por las acusaciones populares
Frente a la petición de archivo, las acusaciones populares han reclamado que continúe la investigación y han solicitado la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, piden actualizar la información sobre el salario de Cristina Álvarez e incorporar íntegramente la vida laboral de la esposa del presidente del Gobierno, según precisaron fuentes jurídicas a este periódico.
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