Leire Díez: ¿figura secundaria o pieza clave en la trama de Ferraz?
Leire Díez se ha convertido en el epicentro de una serie de investigaciones que combinan política, justicia y negocios. La polémica comenzó a finales de mayo de 2023, cuando se difundió un audio en el que la exmilitante del PSOE, apodada “la fontanera”, conversaba con el empresario Alejandro Hamlyn. En la grabación, Díez intentaba obtener información sobre Antonio Balas, teniente coronel al frente del área de Delincuencia Económica de la UCO, con el objetivo de desacreditarle y, según los investigadores, debilitar causas judiciales sensibles para el Gobierno. El audio fue publicado por *El Confidencial* y supuso el primer golpe mediático al PSOE.
En abril de 2024, la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, intensificó la polémica. Según la información obtenida por este medio, Díez y su colaborador, el empresario Javier Pérez Dolset, relataron al fiscal Ignacio Stampa, en una reunión grabada en mayo de 2025, que Sánchez habría ordenado “limpiar” la esfera judicial tras la apertura de diligencias contra su mujer. En ese encuentro, Díez se describió como “la mano derecha” de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, y aseguró que “jamás aparecía en ningún papel”.
Reuniones en la sede del PSOE y testimonios judiciales
Meses después, en el marco de la investigación, la propia Díez y Cerdán reconocieron haber sostenido dos reuniones en la sede del PSOE en Ferraz durante abril de 2024. Díez asistió acompañada de Dolset y de la periodista Patricia López, fallecida recientemente, quien actuó como intermediaria. En al menos uno de esos encuentros estuvieron presentes Antonio Hernando e Ion Antolín, entonces director del gabinete de Sánchez y director de comunicación del partido, respectivamente.
En su declaración ante el juez Arturo Zamarriego, Cerdán sostuvo que el objetivo de esas reuniones era trasladar al partido información vinculada al “caso Villarejo”, según lo había declarado previamente Díez y Dolset. La versión oficial indica que el PSOE habría sido objeto de investigaciones extrajudiciales y que los encuentros buscaban compartir audios e informes sobre el excomisario José Manuel Villarejo, incluyendo referencias a supuesta información reservada sobre “las saunas del suegro de Sánchez”. Cerdán negó haber recibido encargos de Díez y sostuvo que su relación con ella se limitó a escasas interacciones, aunque admitió haberla llamado para interesarse por su situación tras la salida de la cárcel de Soto del Real. Asimismo, afirmó que no informó a Sánchez de las reuniones, pues coincidían con el periodo de reflexión del presidente tras la imputación de su esposa.
El mismo medio, *El Confidencial*, difundió posteriormente una grabación en la que Dolset aseguraba que la supuesta operación de descrédito contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil había sido impulsada por el propio Sánchez y por Cerdán.
Los socialistas negaron de inmediato cualquier vínculo con Díez. La exmilitante, que se dio de baja del partido, convocó una rueda de prensa en un hotel del centro de Madrid para defender que su actividad respondía a una labor de investigación periodística y rechazó cualquier relación con el PSOE. Durante la comparecencia, el empresario Víctor de Aldama irrumpió en la sala acusándola de mentir.
La trayectoria de Díez en el PSOE quedó al descubierto en los días siguientes. Fue concejala y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Vega de Pas (Cantabria) entre 2011 y 2014, y vicepresidenta de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos. Tras la llegada del PSOE al Gobierno, ocupó el cargo de responsable de comunicación en Enusa (empresa pública del sector nuclear) entre 2018 y 2021, y, desde febrero de 2022 hasta 2024, trabajó en Correos dentro de la dirección de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuros, bajo la dirección de Juan Manuel Serrano, cercano a Sánchez.
Leire Díez ha defendido siempre que nunca ha tenido contacto directo con el presidente del Gobierno, asegurando que sus nombramientos en Enusa y Correos fueron fruto de méritos y procesos de selección, sin que nadie le haya ofrecido los puestos.
La dimensión del escándalo se amplió rápidamente en el plano judicial. A finales de julio de 2024, el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid citó a Díez como investigada; en octubre se incorporó a la causa a Dolset. Ambos, junto al periodista Pere Rusiñol, son investigados por una presunta actuación “delictiva, continua y coordinada” para obtener información de mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción con el fin de neutralizar investigaciones en causas sensibles para responsables políticos y empresarios. Se les atribuyen delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El fiscal Ignacio Stampa denunció que Díez y Dolset le solicitaron datos sobre posibles irregularidades del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y del magistrado Manuel García‑Castellón, además de trasladarle la supuesta orden de “limpieza” judicial. Por su parte, el fiscal José Grinda relató haber sido objeto de un intento de soborno a través de Rusiñol, quien presuntamente actuaba en nombre de la “fontanera”. En dicho encuentro se le habría pedido recabar información comprometedora sobre Luzón y se manifestó el interés de influir en casos como el “caso Pujol” o el “caso 3 %”.
Según fuentes jurídicas citadas por *El Independiente*, el juez Zamarriego tiene pendientes varios recursos y escritos y podría convocar nuevas citaciones de testigos. Sin embargo, el caso más explosivo para Díez se activó en diciembre de 2025, cuando fue detenida junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxón Alonso, en una operación dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. La UCO denominó al grupo “Hirurok”, término vasco que significa “nosotros tres”.
En el llamado “caso SEPI” los investigadores analizan una presunta trama que habría utilizado la influencia en organismos públicos para amañar contratos y operaciones millonarias a cambio de comisiones que superarían los 700 000 euros. La Guardia Civil indica que los fondos se canalizaron mediante sociedades interpuestas y facturación falsa, configurando posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La detención de Díez provocó un impacto adicional cuando la Guardia Civil, al registrar el domicilio del empresario Antxón Alonso, encontró un documento que atribuye a Santos Cerdán el 45 % de la empresa Servinabar, la cual colaboró en una UTE con Acciona en diversas adjudicaciones del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Los investigadores sostienen que esta sociedad servía para canalizar fondos y cubrir gastos personales.
El caso “SEPI”, bajo la dirección del juez Santiago Pedraz, continúa bajo secreto y se prevé que permanezca así durante varias semanas. Díez ejerció su derecho a no declarar tras su detención y fue vista abandonando la Audiencia Nacional acompañada de su abogada, cubriéndose el rostro con una capucha.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción nº 2, presidido por Ismael Moreno, mantiene abiertas las diligencias del “caso Koldo” en sus tres vertientes: presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, amaños de obra pública y financiación del PSOE. Otros juzgados siguen investigando casos como “Hidrocarburos” (juzgado nº 5, bajo Pedraz), el rescate de la aerolínea Plus Ultra (juzgado nº 4, bajo José Luis Calama) y la causa contra Begoña Gómez en la Plaza de Castilla. Además, se avecina el juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama por la supuesta irregularidad en la compra de mascarillas durante la pandemia, así como el proceso contra el hermano de Pedro Sánchez por su presunto acceso irregular a la Diputación de Bajoz, que iniciará la última semana de mayo.
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