Mascarillas cocaína y chalecos: el botín oculto de la Cañada Real
Tres agentes de la Guardia Civil destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Mérida se enfrentan a un total de 23 delitos relacionados con una extensa serie de robos, extorsiones, agresiones, revelación de secretos y abusos sexuales cometidos principalmente en la zona conocida como Caña Real Galiana. La Fiscalía ha presentado una acusación detallada en la que señala que los agentes actuaron “abusando del ejercicio de su cargo y prevaliéndose del mismo”, aprovechando su condición policial para cometer actos delictivos durante su servicio.
Un patrón de abuso de poder y corrupción
Según el escrito de acusación, los tres guardias civiles aprovechaban sus intervenciones en registros y controles para sustraer drogas, dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor. Uno de los acusados, identificado como J.A., habría apuntado con su arma reglamentaria a una mujer que consumía cocaína y la obligó a entregarle 4 gramos de la sustancia. En otra ocasión, la amenazó con denunciarla si no le entregaba otros 6 gramos. Además, durante un operativo, este mismo agente habría golpeado a una mujer en el rostro para robarle aproximadamente 15 gramos de base de cocaína y 20 euros, causándole hematomas en la cara y la nariz.
El sistema de extorsión se extendió también a otras personas. J.A. habría descubierto, mediante acceso ilegal a bases de datos policiales, que un vecino tenía una orden de búsqueda y detención activa. A partir de entonces, según la Fiscalía, comenzó a exigirle 500 euros semanales a cambio de no proceder con su detención, acumulando un total de 8.000 euros. En un mensaje de WhatsApp, el agente amenazó al hombre con enviar una nota informativa y “romperle la cara” si no cumplía con el pago.
Robos y apropiación de bienes durante operativos
- Durante un control de tráfico en Majahonda, J.A. y otro agente, J.R., habrían sustraído 240 euros de la cartera de un conductor mientras lo distraían, redactando posteriormente una denuncia falsa para justificar la intervención.
- En un registro en Colón de Mérida, J.A. se apropió de 200 euros pertenecientes a los moradores de la vivienda.
- En distintos operativos, los agentes se hicieron con joyas como una cadena de oro, una pulsera Pandora valorada en 80 euros y un pendiente de plata valorado en 5 euros.
- También se llevaron varios relojes, incluyendo tres de la marca Hublot, así como piezas Viceroy y Guess. Parte de estas pertenencias fueron vendidas; una cadena, por ejemplo, fue comercializada por 281 euros.
Algunos de los objetos no llegaron a ser vendidos y fueron recuperados durante un registro en la vivienda de J.A. en Rivas-Vaciamadrid. La propietaria de los relojes los reconoció “sin género de dudas”, según consta en el escrito de acusación.
Material policial en posesión ilegal
Uno de los hallazgos más alarmantes durante la investigación fue el inventario de material oficial encontrado en el domicilio de J.A. Durante una entrada y registro en plena pandemia de COVID-19, los investigadores hallaron cajas de guantes, mascarillas quirúrgicas y KN95, gel hidroalcohólico, gafas de protección, etilómetros, aerosoles de defensa, mantas térmicas, botiquines, silbatos y cinta de balizamiento. Además, se encontraron tres chalecos antibalas, una camiseta con emblema de la Guardia Civil, un chaleco reflectante y un anorak, algunos de los cuales habrían sido intercambiados por dinero.
La Fiscalía subraya que todos estos elementos eran de dotación colectiva y uso exclusivo durante el servicio, por lo que su retención en un domicilio particular está expresamente prohibida. Ninguno de los agentes tenía autorización para retirar este material.
Abuso sexual y falsificación documental
Además de los delitos patrimoniales y de corrupción, J.A. también está acusado de falsificar una denuncia de pérdida de documentación utilizando un formulario oficial en blanco y un sello de la Guardia Civil que mantenía sin autorización, con el fin de ayudar a un tercero a evadir una orden de ingreso en prisión.
El tercer agente implicado, Ó.M., enfrenta acusaciones por amenazas graves y un delito de abuso sexual. Durante una discusión con un vecino, habría apuntado su arma reglamentaria mientras le decía: “te voy a quitar la vida”. Asimismo, se le atribuye haber realizado tocamientos en la cara a una mujer “con ánimo lascivo”, generando en ella un “gran desasosiego”.
Penas solicitadas por la Fiscalía
La Fiscalía ha solicitado penas acumuladas que suman 51 años y 10 meses de prisión para J.A., considerado el principal implicado, como resultado de múltiples condenas por robo con intimidación, extorsión, revelación de secretos, malversación, falsedad documental, amenazas y abuso sexual, entre otros. Además, se le impondrían multas e inhabilitaciones.
Para J.R., la pena solicitada es de cinco años de prisión, acompañada de multas e inhabilitación para cargo público. En el caso de Ó.M., se piden cuatro años de prisión (18 meses por amenazas y 30 meses por abuso sexual), prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante cuatro años, cinco años de libertad vigilada y seis años de inhabilitación para actividades con menores.
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