Última hora del caso Leire Díez: la UCO registra la empresa Tubos Reunidos en Bilbao
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez que requiera a la Agencia Tributaria, a varias entidades bancarias y a compañías del Grupo IKI información financiera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Socialista de Cataluña (PSC) correspondiente a los años 2024 y 2025, así como datos relativos al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.
Objetivo de la solicitud
Según el requerimiento, la UCO pretende esclarecer el supuesto pago de 20 000 euros que, según la investigación, habría sido autorizado por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al medio “Crónica Libre” como parte de una campaña publicitaria en Cataluña durante la campaña electoral al Parlamento de 2024. Además, se pide que las empresas del Grupo IKI aporten los contratos, facturas y justificantes de pago que demuestren las “relaciones comerciales” mantenidas con ambos partidos en el mismo periodo.
Reacciones de los partidos y autoridades
- PSOE: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, informó que la exmilitante Leire Díez le ofreció información que derivó a Santos Cerdán, pero que nunca le entregó documentos. La dirección del partido ha limitado el caso “Leire” al exsecretario Cerdán y ha pedido que se respete la “honorabilidad y transparencia” del partido.
- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: La ministra Elma Saiz declaró que el PSOE es “el primer interesado en que se conozca la verdad” y solicitó que la justicia actúe con total colaboración y respetando la presunción de inocencia.
- Vox: El partido ha exigido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique las presiones que habrían sufrido mandos y agentes de la UCO y para que detalle las medidas que evitarán interferencias políticas en las investigaciones.
- PP: Borja Sémper acusó a Pedro Sánchez de ser el “cerebro” de una trama para neutralizar casos de corrupción que afectaban al PSOE. Alma Ezcurra, vicesecretaria del PP, solicitó la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro Grande-Marlaska, alegando que ambos forman parte de una “delincuencia del Estado”.
- PSE-EE y PNV: El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, expresó “máximo respeto” a la orden judicial de registrar la empresa Tubos Reunidos y pidió que la justicia actúe con transparencia. El presidente del PNV, Aitor Esteban, indicó que el partido observará el proceso sin intervenir.
- Más Madrid: La portavoz Manuela Bergerot exigió al PSOE explicaciones sobre el caso y recordó la necesidad de proteger a la ciudadanía con políticas progresistas.
Desarrollos judiciales
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha autorizado el registro de la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y de una planta en Amurrio, así como la solicitud de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En el sumario del caso “Leire” se indica que la exmilitante socialista habría mantenido encuentros con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con el objetivo de torpedear investigaciones que afectaban al partido y al Gobierno.
Asimismo, la UCO ha incorporado al sumario varios mensajes que, según los investigadores, evidenciarían que Pedro Sánchez conocía la actividad de la llamada “fontanera del PSOE”, Leire Díez, y que habría recibido instrucciones a través de Santos Cerdán. Otros fragmentos apuntan a que Díez gestionó el pago de honorarios a un abogado que defendía al exministro José Luis Ábalos, aunque el abogado rechazó la defensa por falta de pago.
El magistrado Pedraz también ha rechazado, por el momento, la solicitud del abogado jubilado Manuel García Castellón de personarse como acusación particular en el caso.
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