Un año sin sentencia de la 'operación Mito', la macrocausa de drogas y blanqueo contra Sito Miñanco y el abogado Gonzalo Boye
En 2018 se llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga en la historia reciente de España: cerca de cuatro toneladas de cocaína fueron decomisadas y se desmanteló una de las redes narcotraficantes más poderosas del país. La investigación desembocó en un proceso judicial que, tras cuatro meses de vista oral y 32 jornadas, dejó a 43 acusados bajo el banquillo de la Audiencia Nacional por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Entre los procesados figura el histórico narcotraficante gallego José Ramón Pro Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y el abogado Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont desde 2017. El juicio concluyó el 21 de marzo de 2025 y, aunque la audiencia ya lleva más de un año sin dictar sentencia, la demora se atribuye a la sobrecarga de trabajo del tribunal, según fuentes jurídicas consultadas.
Acusaciones y peticiones de la Fiscalía
La Fiscalía Antidroga solicita para Miñanco una pena de 31 años y medio de prisión, calificándolo como el cabecilla de una organización que intentó introducir en España más de cuatro toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica en dos operaciones frustradas por la Policía Nacional. Además, el Ministerio Público le imputa el ocultamiento de más de 11 millones de euros provenientes del narcotráfico.
En el caso de Gonzalo Boye, la Fiscalía pide una condena de nueve años y nueve meses de cárcel por su presunta participación en un esquema de blanqueo de parte de esos fondos. Según la acusación, el abogado habría intervenido en una operación destinada a recuperar cerca de 889 620 euros que la Policía incautó a varios supuestos “cómplices humanos” de la organización en el aeropuerto de Barajas en 2017, cuando intentaban trasladar el dinero a Colombia oculto en una maleta. Para lograrlo, Boye y otros abogados habrían elaborado documentos diseñados específicamente para justificar el origen del efectivo.
Durante la vista oral, el fiscal antidroga afirmó que Boye realizó una “simulación total” de esos documentos con el objetivo de “inducir a error a los funcionarios de la Secretaría del Tesoro” y obtener una resolución favorable que permitiera recuperar el dinero intervenido. El abogado, por su parte, negó rotundamente cualquier implicación en el blanqueo y sostuvo que su actuación se limitó al ejercicio legítimo de su profesión.
La investigación también reveló contradicciones en las declaraciones de dos inspectoras de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Las agentes aseguraron que el efectivo incautado en Barajas pertenecía a la organización de Miñanco y que el blanqueo se habría realizado con la intervención de Boye, quien actuaba como letrado de Manuel Pedro González Rubio. Sin embargo, González Rubio declaró que los 890 000 euros eran de su propiedad y estaban destinados a inversiones empresariales en Colombia. Las inspectoras admitieron no haber investigado el patrimonio de González Rubio más allá del análisis de los movimientos bancarios y reconocieron que las letras de cambio presentadas por Boye eran auténticas, aunque mantuvieron dudas sobre el conjunto de la operación.
La operación policial que dio origen a la causa se desarrolló entre 2016 y 2018. Los investigadores detectaron la presencia de Miñanco en Marbella, donde mantenía encuentros con miembros de su círculo cercano, y comenzaron a reconstruir la estructura de la red, que, según la Policía Nacional, seguía operando bajo su dirección pese a que el narco cumplía una condena anterior de 16 años y 10 meses de prisión en régimen de semilibertad en Algeciras.
Los análisis señalaron que la organización tenía sus raíces en Pontevedra, pero su actividad se extendía por gran parte del territorio nacional, con especial presencia en el sur de la península. La red contaba con colaboradores en distintos puntos de España encargados de facilitar infraestructuras, coordinar transportes y gestionar el flujo de dinero procedente del tráfico de drogas.
Uno de los hitos de la investigación ocurrió en octubre de 2017, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron en alta mar, a la altura de las Azores, un buque que transportaba 3.800 kilogramos de cocaína ocultos en su interior. Un mes después, en noviembre, se incautaron otros 616 kilogramos de la misma sustancia en una nave en la ciudad holandesa de La Haya, ambos cargamentos vinculados a la misma estructura criminal.
En cuanto al circuito financiero, la Fiscalía describió el uso de empresas pantalla, sociedades instrumentales y “cómplices humanos” para mover los fondos ilícitos. Parte del dinero se canalizaba a través de operaciones inmobiliarias y negocios aparentemente legales, una estrategia destinada a introducir los beneficios en la economía formal y dificultar su rastreo.
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