La trampa marroquí que Europa no quiere ver
La Unión Europea ha vuelto a generar controversia al reactivar, a través de su Comisión, el acuerdo agrícola con Marruecos, pese a la sentencia firme del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) del 4 de octubre de 2024, que declaró nulo dicho acuerdo por incluir ilegalmente el Sahara Occidental en su ámbito de aplicación. Este nuevo impulso al pacto, sellado durante la decimoquinta sesión del Consejo de Asociación UE-Marruecos celebrada en Bruselas el 29 de enero de 2025, ha sido interpretado como una repetición cínica de una política que ignora sistemáticamente el derecho internacional y el estatus del Sahara Occidental como Territorio No Autónomo pendiente de descolonización.
En el comunicado conjunto emitido tras la reunión, la UE y Marruecos mezclan irresponsablemente la propuesta marroquí de “autonomía” para el Sahara con el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación, consagrado por Naciones Unidas. Esta ambigüedad no solo carece de fundamento jurídico, sino que contradice abiertamente los principios que supuestamente defiende la propia Unión Europea. Al referirse a una autonomía dentro del marco marroquí, se asume tácitamente la soberanía de Marruecos sobre un territorio cuya administración corresponde a España como potencia administradora, según las resoluciones de la ONU, y cuyo futuro debe decidirse mediante un referéndum de autodeterminación.
Una política de doble rasero con consecuencias éticas y legales
Este posicionamiento no es nuevo. Desde hace años, la UE ha priorizado intereses geopolíticos y de cooperación en materia de seguridad y migraciones frente al respeto al derecho internacional. El Consejo de Asociación UE-Marruecos, establecido en 2000, ha sido utilizado como plataforma para profundizar la cooperación regional, especialmente en temas como el narcotráfico, el tráfico de personas y la gestión de flujos migratorios. Sin embargo, esta colaboración se ha convertido en un instrumento de presión indirecta sobre España, que depende del control que Marruecos ejerce en sus fronteras, especialmente en Ceuta y Melilla.
La postura de la UE, encarnada en figuras como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha sido criticada por su falta de coherencia. Mientras la Unión no duda en condenar la invasión rusa de Ucrania o defender los derechos de los pueblos indígenas en Groenlandia, permanece callada o incluso colabora activamente en la ocupación del Sahara Occidental. Este doble estándar socava la credibilidad de las instituciones europeas y pone en evidencia una visión selectiva de la justicia internacional.
Orígenes de una ficción política: la “autonomía” marroquí
- El plan de autonomía fue presentado por primera vez en 2007 por Mohamed VI, como respuesta a la imposibilidad de ganar un referéndum de autodeterminación.
- El Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocida por 84 países y miembro de pleno derecho de la Unión Africana, lo rechazaron de inmediato por carecer de legitimidad jurídica y política.
- El esquema, inicialmente de apenas tres folios, ha sido ampliado con el tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma: una propuesta unilateral que busca normalizar la ocupación marroquí sin consultar al pueblo saharaui.
El origen de este conflicto se remonta a 1975, cuando Marruecos, con el beneplácito de España y la complicidad del acuerdo tripartito de Madrid, invadió el Sahara Occidental. Desde entonces, el Frente Polisario ha liderado la resistencia armada y diplomática por la independencia del territorio. En 1991, bajo el auspicio de la ONU, se estableció la MINURSO con el objetivo de organizar un referéndum. Sin embargo, el proceso fue sabotado cuando Marruecos exigió incluir a sus colonos en el censo electoral, lo que desencadenó el estancamiento del plan de arreglo.
Hoy, más de tres décadas después, la UE insiste en un diálogo que excluye la opción de la independencia, favoreciendo una solución que solo beneficia a Marruecos. Mientras tanto, el pueblo saharaui sigue exiliado en campamentos en Tinduf (Argelia), y sus recursos naturales —fosfatos, pesca, energía eólica— son explotados ilegalmente por empresas europeas bajo la cobertura de acuerdos comerciales.
Un sistema de presión y legitimación internacional
Marruecos ha construido un sofisticado aparato de influencia internacional basado en tres pilares: propaganda, compra de apoyos y coerción. A través de lobbies, campañas mediáticas y presión diplomática, ha logrado que varios países y organismos ignoren o minimicen la ocupación. La UE, en lugar de actuar como garante del derecho internacional, se ha convertido en cómplice pasivo —y en ocasiones activo— de esta estrategia.
El caso del acuerdo agrícola es paradigmático: a pesar de las sentencias judiciales, la Comisión Europea lo ha reactivado, beneficiando a productores marroquíes que operan en territorio saharaui ocupado. Esta actitud no solo viola el derecho internacional, sino que también traiciona los principios de legalidad, equidad y justicia que la UE dice defender.
El contraste es evidente: mientras Europa exige soberanía e integridad territorial para Ucrania, niega esos mismos derechos a un pueblo que lleva casi medio siglo luchando por su libertad. Esta incoherencia no solo debilita la posición moral de la UE, sino que también pone en riesgo su credibilidad como actor global. Hasta que no se reconozca el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, cualquier declaración europea sobre derechos humanos y autodeterminación carecerá de autenticidad.
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