Álvaro Redondo desata polémica con dura crítica a la amnistía
Álvaro Redondo, fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2005, lleva más de dos décadas desempeñándose en los niveles más altos del Ministerio Público. Nacido en Uruguay, llegó a España a los veinte años y se formó en Derecho con el objetivo de dedicarse al ámbito penal y procesal. Tras comenzar su carrera como letrado en diversas fiscalías, entre ellas las de San Sebastián y Cataluña, escaló hasta ocupar un puesto clave en la cúspide del sistema fiscal, donde ha ejercido durante los últimos 21 años. Reconocido por su solidez profesional, Redondo ha compartido su visión sobre los principales retos y debates actuales que afectan a la institución fiscal.
Defensa del modelo actual de designación del Fiscal General
En medio del debate suscitado tras la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz, Redondo afirma que este caso no ha abierto un debate real sobre la figura del Fiscal General del Estado. A su juicio, el cargo no debe entenderse como un puesto político de confianza, sino como una posición profesional con funciones claramente definidas en la Constitución. “El Fiscal General es el jefe del Ministerio Fiscal, no el fiscal del Gobierno”, subraya, recordando que su nombramiento por el Ejecutivo no compromete su independencia funcional, ya que dura cuatro años y no depende de la voluntad continuada del Gobierno.
Respecto a propuestas de reforma que plantean un mayor papel del Consejo Fiscal o de las Cortes en la elección, Redondo considera que cualquier alternativa podría ser más conflictiva. Nombrar al Fiscal General por los propios fiscales podría politizar internamente la institución, mientras que una elección parlamentaria enfrentaría dificultades para lograr consensos. No obstante, admite que el sistema actual puede mejorarse, especialmente potenciando la antigüedad y la capacidad profesional como criterios clave para el acceso a los altos cargos, fortaleciendo así la independencia funcional del Ministerio Público.
La instrucción penal en manos de los fiscales
Ante la reforma que impulsa el Gobierno para trasladar la instrucción de causas penales a los fiscales, Redondo considera que el cambio es viable y alineado con los modelos de otras democracias europeas. Aunque se alega falta de infraestructura en la Fiscalía, el fiscal del Supremo sostiene que con voluntad política se pueden reorganizar medios, personal y estructuras para asumir eficazmente esta nueva responsabilidad.
En su opinión, lo esencial en la justicia penal no es quién investiga, sino garantizar que se descubra la verdad, se protejan las víctimas y se juzgue conforme a una ley justa. El fiscal, como órgano constitucional encargado de promover la justicia con el auxilio de la policía judicial, está mejor posicionado que el juez instructor tradicional para alinear la investigación con el interés público. Además, la unidad de actuación de la Fiscalía asegura igualdad de trato en el proceso, frente a la independencia individual del juez instructor.
Confianza ciudadana y crítica institucional
Respecto a la confianza en la institución, Redondo afirma que no depende de coyunturas ni de casos puntuales, sino del papel constitucional que le otorga la Carta Magna como promotor de la justicia y garante de la independencia judicial. “Si los constituyentes no hubieran confiado en el fiscal, no le habrían encomendado misiones tan relevantes”, recalca.
También aborda las críticas del Ejecutivo al poder judicial, recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero que tiene límites. Las expresiones vejatorias o descalificadoras no están protegidas, especialmente cuando provienen del Gobierno, porque ponen en riesgo la imparcialidad de jueces y fiscales, quienes no pueden replicar públicamente por su obligación de reserva. En tales casos, corresponde al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo Fiscal emitir amparos institucionales que respalden a los miembros del Ministerio Público y descalifiquen las críticas como excesivas o irrespetuosas.
Sobre la amnistía y la Constitución
- Álvaro Redondo considera que la amnistía no tiene cabida en el ordenamiento constitucional español.
- Reconoce que su postura es personal, aunque respeta las opiniones contrarias.
- Destaca que, en última instancia, es el Tribunal Constitucional el encargado de determinar la constitucionalidad de este tipo de medidas.
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