Cientos de miles en mordidas La trama de Leire Díez al descubierto

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un presunto entramado de corrupción en torno a la concesión de contratos públicos vinculados a empresas del entorno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Las pesquisas apuntan a que la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso podrían haber formado parte de una trama que se repartió comisiones ilegales a cambio de influir en al menos cinco operaciones entre 2021 y 2023. La Audiencia Nacional, a través del Juzgado Central de Instrucción número 6 y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, lleva adelante la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Detenciones y libertad provisional con cargas

El pasado miércoles, la UCO procedió a la detención de los tres principales implicados, quienes fueron puestos en libertad provisional al día siguiente tras declarar ante el juez instructor Antonio Piña. A los tres se les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. Leire Díez y Antxon Alonso decidieron no declarar, invocando el secreto sumarial, mientras que Vicente Fernández negó rotundamente haber participado en actividades irregulares relacionadas con contratos públicos.

Operaciones bajo investigación

Entre las operaciones bajo escrutinio destaca el rescate de la empresa Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros, en el que supuestamente se habrían cobrado comisiones por valor de 114.950 euros. Otro caso relevante es la adjudicación del Parque Empresarial Príncipe de Asturias, un contrato de 2,8 millones de euros otorgado a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente, por el que se habrían pagado 400.000 euros en comisiones.

Asimismo, los investigadores analizan la concesión de una ayuda de 17,32 millones de euros de SEPIDES —entidad dependiente de la SEPI— a la empresa Arapellet, vinculada al grupo Forestalia, con una comisión presuntamente pactada de 200.000 euros. También se investigan otras dos operaciones de menor cuantía, entre ellas una adjudicación directa de Mercasa por 18.119,75 euros a la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso. Esta última operación incluye la participación señalada del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, a quien se le atribuye un contrato de asesoría, negado por este como jurídicamente irrelevante.

Indagaciones complementarias

• La UCO ha realizado registros en la sede de Enusa y ha solicitado documentación a la SEPI, Correos y otras entidades públicas vinculadas a los contratos investigados.
• Las diligencias incluyen el análisis de movimientos financieros que podrían acreditar el ingreso de 750.000 euros en concepto de comisiones irregulares a través de las cinco operaciones estudiadas.
• El juez ha ordenado la imputación del expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, quien también figura en la causa como investigado.

La operación judicial continúa en fase de investigación, con la posibilidad de que se produzcan nuevas imputaciones o medidas cautelares a medida que avance el análisis probatorio. Las autoridades aún no han revelado todos los papeles que podrían existir tras los contratos analizados, pero fuentes próximas a la causa indican que el enfoque se centra en detectar redes de favorecimiento y pagos encubiertos en entornos de gestión pública estratégica.