CondePumpido lanza una bomba sobre el futuro del Estado de derecho
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, advirtió este jueves que la deslegitimación del trabajo del propio órgano constitucional representa el primer paso hacia un proceso de erosión del Estado de derecho. Durante la presentación del libro *Sobre el imperio de la Ley*, del abogado y académico Javier Cremes, Conde-Pumpido subrayó que el sistema democrático español, desde su origen en la Constitución de 1978, establece una conexión inseparable entre democracia, Estado de derecho e imperio de la ley, esta última definida como “expresión de la voluntad popular” y núcleo fundamental del orden democrático.
Defensa del equilibrio entre poderes
En su intervención, moderada por la periodista María Rey, Conde-Pumpido destacó que la obra de Cremes acierta al centrar el debate no en una defensa genérica del Estado de derecho, sino en el principio concreto del imperio de la ley. Reafirmó que la Constitución establece un marco jurídico común y obligatorio para todos los poderes públicos, sin excepciones, y recordó que el artículo 117 garantiza la independencia del poder judicial frente a las injerencias del legislativo y el ejecutivo, al tiempo que impide que el judicial invada las funciones de los otros dos.
El magistrado hizo especial referencia al proceso independentista catalán como ejemplo de “manifestación expresa de deslegitimación” del Tribunal Constitucional, frente a la cual el órgano respondió con la anulación de normativas aprobadas con una “patente inconstitucionalidad”. Alertó, sin embargo, de que el mayor riesgo surge cuando quienes no comparten las resoluciones del tribunal optan por cuestionar su legitimidad y eludir su doctrina, ya que este tipo de actitudes marcan el inicio de un deterioro estructural del sistema democrático.
Advertencias desde la experiencia institucional
- El magistrado emérito del Constitucional Manuel Aragón coincidió con Conde-Pumpido en señalar que el abandono del imperio de la ley, el incumplimiento constitucional o la interpretación sesgada de las normas en beneficio del poder político dejan en jaque las libertades ciudadanas, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
- Aragón advirtió que cuando no existen límites efectivos a los poderes públicos, lo que emerge no es necesariamente un golpe de Estado, sino una progresiva sustitución del Estado de derecho por el autoritarismo.
- Ambos coincidieron en que las democracias contemporáneas no suelen colapsar por ataques externos, sino por un deterioro interno de sus instituciones, impulsado muchas veces desde dentro del propio sistema.
En el coloquio posterior, Conde-Pumpido amplió su reflexión al contexto internacional, citando al filósofo Albert Camus para advertir sobre el peligro de la conjunción entre ignorancia, estupidez y fanatismo. Subrayó que, aunque cuestionar una ley forma parte del debate democrático, cruzar el umbral hacia la invasión física de instituciones —como ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos o en Brasilia— representa una deriva preocupante que ha sido objeto de análisis en tribunales constitucionales de todo el mundo.
El presidente del Constitucional también denunció que magistrados de instancias internacionales están siendo sometidos a presiones, acoso y hasta restricciones de visado, lo que evidencia, a su juicio, un retroceso en el proyecto de consolidación del Estado de derecho a escala global.
Polarización y responsabilidad institucional
Aragón consideró que, si bien la situación actual no es “trágica”, sí representa un momento de riesgo que exige una respuesta activa por parte de las instituciones, el sistema judicial, los partidos políticos y la sociedad civil. Ambos magistrados coincidieron en que la polarización política, originada en las élites y extendida al conjunto social, mina los consensos básicos necesarios para sostener una democracia constitucional sólida.
Este diagnóstico refuerza el mensaje central del libro de Cremes: la necesidad de una defensa colectiva y permanente del imperio de la ley. Aunque durante el acto no se mencionó directamente la controvertida Ley de Amnistía relacionada con el procés, es conocida la posición divergente entre ambos: Conde-Pumpido la ha respaldado, mientras que Aragón, que dejó el Constitucional en 2013, expresó en su momento su rechazo a su constitucionalidad cuando el Gobierno anunció su tramitación.
Mira tambien:
Deja una respuesta