Defensa al borde del colapso por crisis con Indra y armamento
Un intenso pulso judicial entre Santa Bárbara Sistemas y el Gobierno ha puesto en jaque uno de los pilares del ambicioso plan de rearme español. La filial española de General Dynamics ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar frenar la adjudicación directa a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Indra y Escribano de dos programas estratégicos de desarrollo de obuses, valorados en conjunto en 7.200 millones de euros. La operación incluye la concesión de 3.000 millones en préstamos a tipo cero, gestionados a través del Ministerio de Industria que dirige Jordi Hereu.
Un conflicto que trasciende los obuses
Lo que comenzó como una disputa sobre la adjudicación de contratos militares podría tener consecuencias mucho más amplias. La resolución del Alto Tribunal no solo podría afectar al Real Decreto que regula este programa específico, sino que podría poner en riesgo todo el marco de financiación de los Programas Especiales de Modernización (PEM), que movilizan cerca de 14.200 millones en préstamos y están vinculados a inversiones industriales por valor de 30.000 millones previstas para 2025. Empresas como Airbus, Navantia, Telefónica, Oesía y la propia Santa Bárbara Sistemas están involucradas en estos programas, lo que convierte el fallo del Supremo en un factor de inestabilidad para todo el ecosistema industrial de defensa.
Santa Bárbara Sistemas, antigua empresa pública vendida hace más de una década al gigante estadounidense General Dynamics, argumenta que la UTE Indra-Escribano carece de capacidad técnica y productiva para afrontar los retos de los programas de obuses sobre ruedas y orugas. El director general de la compañía y vicepresidente de General Dynamics European Land Systems (GDELS), Alejandro Page, ha sido claro en sus críticas, señalando que el proceso de adjudicación carece de transparencia y competencia real.
Un escenario de inseguridad jurídica
- El recurso interpuesto alega un defecto formal en el procedimiento: la falta del dictamen preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo de Estado.
- La anulación del Real Decreto que regula los préstamos a Indra y Escribano podría invalidar el marco jurídico de otros créditos similares.
- El riesgo de inseguridad jurídica afecta no solo a las empresas, sino también a los plazos de cumplimiento de los compromisos con la OTAN.
En el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, el temor crece. Un bloqueo de estos programas podría comprometer el calendario de modernización de las Fuerzas Armadas y, con ello, el cumplimiento del compromiso de dedicar el 2% del PIB a defensa. España ya está bajo escrutinio internacional: en 2014, durante la cumbre de la OTAN en Gales, se fijó ese objetivo, que aún no se ha alcanzado. La situación se ha agravado con la reciente negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a adherirse a la exigencia del entonces presidente estadounidense Donald Trump de elevar el gasto militar al 5% del PIB para 2035. “Todos menos España. No sé qué está pasando con España. Parece que se quieren aprovechar”, afirmó Trump en Davos, aumentando la presión diplomática.
La sombra de la fusión Indra-Escribano
A este escenario jurídico y estratégico se suma una creciente tensión en torno a la pretendida integración entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La operación, que inicialmente parecía encaminada, ha quedado en suspenso tras la intervención del Gobierno. El conflicto de intereses es evidente: Ángel Escribano, presidente de Indra, es copropietario al 50% junto a su hermano Javier de la empresa familiar, que a su vez es el segundo mayor accionista individual de Indra, con el 14% del capital. El Estado, por su parte, controla el 28%.
Fuentes del Ejecutivo indican que se busca evitar que, tras una fusión, los Escribano pudieran superar indirectamente el peso accionarial del Estado. Una de las alternativas en la mesa es que Indra adquiera una mayoría del 51% de EM&E, sin integrar completamente las estructuras. Hasta hace poco, esta opción era descartada, pero recientes informaciones sugieren que los Escribano estarían dispuestos a explorarla. El jueves, el presidente de Indra tuvo que desmentir a través de Bloomberg rumores sobre una exigencia de Moncloa para que abandonara su cargo. Horas después, la compañía emitió un comunicado reafirmando su compromiso con su liderazgo actual.
El impacto en los mercados no se hizo esperar. Tras días de fuerte volatilidad, Indra logró estabilizarse, cerrando la semana con una pérdida del 10% en su capitalización. Fuentes del Ministerio de Defensa consideran que la desestabilización de una empresa clave en un momento tan delicado para la soberanía tecnológica y la defensa nacional no es bien recibida. En un contexto de aceleración del gasto militar y de alineamiento con la OTAN, cualquier retraso o incertidumbre puede tener consecuencias estratégicas.
El futuro de los programas de rearme español, ahora, depende de una decisión judicial. El pronunciamiento del Tribunal Supremo no solo definirá quién fabrica los obuses, sino que podría marcar el rumbo de la política industrial y de defensa del país en la próxima década.
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