El Congreso aprueba el decreto anticrisis con una jugada maestra de PP y Podemos
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la convalidación del decreto ley de medidas anticrisis destinado a mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Irán. El texto, aprobado inicialmente en un Consejo de Ministros Extraordinario el pasado viernes, contaba con un plazo de 30 días para su ratificación parlamentaria y moviliza un paquete presupuestario de 5.000 millones de euros. La votación contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se saldó con el respaldo de los socios de Gobierno —PSOE y Sumar—, a los que se sumaron ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria y el BNG, que fue el último en confirmar su apoyo.
Abstención del PP y rechazo de Vox
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, optó finalmente por la abstención (137 diputados), tras semanas de críticas al contenido del decreto. Los populares reclamaban modificaciones específicas, como la deflactación del IRPF o el impulso a la energía nuclear, medidas que no se incluyeron en el texto final. El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, acusó al Ejecutivo de copiar propuestas de su partido, pero consideró que las medidas son “insuficientes, llegan mal y tarde”, y advirtió de que más de la mitad del coste de las rebajas fiscales recaerá sobre las comunidades autónomas.
Fueron solo los diputados de Vox quienes votaron en contra, mientras que Podemos, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y los cuatro parlamentarios de su formación se abstuvieron, al considerar que el paquete no aborda con contundencia los precios de la energía y los alimentos.
Principales medidas del paquete económico
- Reducción del IVA en electricidad, energía y combustible del 21% al 10%.
- Suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica.
- Reducción del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5%.
- Fortalecimiento del bono social eléctrico y garantía de suministro energético y de agua.
- Bonificación del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
- Deducciones en el IRPF para instalaciones de placas fotovoltaicas, puntos de recarga y bombas de calor.
- Ampliación de las facultades de supervisión y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió el decreto en el hemiciclo, subrayando que los análisis de expertos señalan que el conflicto en Irán y el bloqueo de petroleros en el estrecho de Ormuz podrían desencadenar “el mayor shock energético de la historia”. Pese al escenario global de incertidumbre, Cuerpo afirmó que España se encuentra “en una posición estructural más fuerte que hace unos años”, gracias al crecimiento económico y la apuesta por las energías renovables, a las que calificó como un “seguro de vida” para el país.
El pacto con Junts y las tensiones en la izquierda
El apoyo de Junts fue clave para asegurar la convalidación. El PSOE logró su respaldo tras comprometerse a transponer la directiva europea 2020/285, que incluye la reducción de impuestos para trabajadores y pequeñas empresas, así como la exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales —una medida que el Gobierno había resistido durante meses—. Junts valoró que el texto incorpora “la columna vertebral” de sus propuestas económicas.
No obstante, las tensiones dentro del bloque progresista han quedado al descubierto. Desde Sumar y sus formaciones asociadas, como los Comunes, se reclamó mayor presión sobre las fuerzas de derecha ante el descontento social creciente. Aina Vidal criticó al PSOE por dificultar la defensa de la clase trabajadora, mientras que Gabriel Rufián fue especialmente contundente: calificó el decreto de “rácano” y señaló que el PSOE “tiene la fuerza que tiene”. También criticó la falta de avance en materia de vivienda, en particular la prórroga de alquileres, y llamó a presionar a Junts, a quienes acusó de priorizar intereses partidistas.
Junts mantiene su oposición al decreto de prórroga de alquileres, argumentando que estas medidas “no funcionan” y distorsionan el mercado inmobiliario. Míriam Nogueras, portavoz del grupo, defendió que es el Estado, no los propietarios, quien se beneficia del sector inmobiliario a través de impuestos, y sugirió que el Gobierno asuma directamente los impagos de familias vulnerables como solución viable.
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