Fiscalía estalla contra tercer grado de Santi y ocultaron libertad de Txeroki
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado que recurrirá la decisión del Gobierno vasco de conceder el tercer grado penitenciario a Asier Aralluz, conocido como 'Santi', antiguo miembro de la banda terrorista ETA. En un comunicado, el Ministerio Público considera que dicha resolución debería revisarse y que al interno se le clasifique, en su lugar, en segundo grado. El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria, Carlos García Berro, argumenta que, aunque se valoran positivamente aspectos como su pedido de perdón a las víctimas y su reconocimiento del daño causado por ETA, el tiempo transcurrido no es suficiente para acreditar una evolución penitenciaria estable.
Revisión del tercer grado por falta de consolidación del proceso de reinserción
Según la Fiscalía, la ley permite acceder al segundo grado penitenciario, pero su aplicación efectiva depende de un seguimiento sostenido vinculado a un programa de tratamiento. Se recuerda que la doctrina penitenciaria exige períodos prolongados de observación para verificar cambios reales y duraderos en el comportamiento del interno. En este sentido, el fiscal subraya que el Tribunal Supremo ha establecido que la evolución debe ser consistente en el tiempo y fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente.
En el caso de 'Santi', condenado por tres asesinatos, el Ministerio Público considera que un lapso de apenas tres o cuatro meses no permite acreditar estabilidad, ni evolución prolongada, ni cambios consolidados, incumpliendo así el criterio de prudencia exigido especialmente en delitos de especial gravedad.
Sin notificación sobre el caso de 'Txeroki'
- La Fiscalía también ha señalado que no ha recibido comunicación oficial sobre la concesión del régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como 'Txeroki', antiguo jefe de ETA.
- Aspiazu salió por primera vez de la prisión de Martutene el pasado 9 de febrero, tras obtener esta medida por parte del Ejecutivo vasco.
- El Ministerio Público insiste en la necesidad de que las decisiones penitenciarias de este calado se comuniquen formalmente a las instancias judiciales competentes.
La postura de la Fiscalía refleja su preocupación por el rigor en la aplicación de los grados penitenciarios, especialmente en casos vinculados a delitos de terrorismo, donde se exige un proceso de reinserción debidamente acreditado y supervisado. El debate sigue abierto sobre el equilibrio entre el cumplimiento de la ley, la reinserción de los internos y la sensibilidad social ante los crímenes del pasado.
Mira tambien:
Deja una respuesta