Garzón nombra a su hija en la Comisión de la Verdad y estalla el escándalo
En diciembre de 2025, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió la primera reunión del Consejo de Memoria Democrática, un órgano consultivo establecido por la Ley de Memoria Democrática de 2022. Este consejo reúne a representantes de asociaciones memorialistas, sindicatos, patronales, altos cargos de doce ministerios y dos figuras designadas por el Gobierno por su labor en la recuperación de la memoria histórica: Cristina Almeida, activista y expolítica ligada a IU y al PSOE, y Baltasar Garzón Real, exjuez conocido por su enfoque en derechos humanos y su polémica salida de la carrera judicial en 2012 tras una condena por prevaricación en el caso de las escuchas del ‘Gürtel’.
Baltasar Garzón presidirá la Comisión de la Verdad
Este miércoles, el Consejo anunció la creación de la denominada “Comisión de la Verdad”, un organismo inspirado en los modelos de justicia transicional de América Latina, cuyo objetivo será investigar y esclarecer las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De forma sorpresiva, el propio Baltasar Garzón fue designado como presidente de esta comisión, pese a ser ya miembro del Consejo que la creó y que eligió a sus integrantes.
La elección requiere un acuerdo por mayoría calificada de tres quintos, es decir, 20 votos de los 33 miembros. Justamente, ese número coincide con el grupo conformado por los representantes del Gobierno, Garzón, Cristina Almeida y María Garzón Molina, hija del exmagistrado y presidenta de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, entidad incluida como entidad memorialista en el Consejo. Aunque no se ha confirmado formalmente si todos votaron a favor, la designación parece haber contado con un apoyo cercano a la unanimidad, con una propuesta que habría sido presentada directamente por el propio Garzón.
Este nombramiento consolida una influencia creciente de Garzón y su entorno en las políticas de memoria democrática del Ejecutivo. Su esposa, Dolores Delgado, actual fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática —un cargo creado expresamente para ella en 2023—, ejerce una función clave en el ámbito del Ministerio Público relacionado con esta materia. Aunque, por conflicto de intereses, debería abstenerse en cualquier caso derivado de las decisiones de la comisión presidida por su marido, ambos ocupan hoy posiciones centrales en un área prioritaria del actual Gobierno.
Composición y funcionamiento de la Comisión
- Julián Casanova, catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
- Manuel de la Rocha Rubí, abogado y político del PSOE.
- Francisco Erice, catedrático de Historia de la Universidad de Oviedo.
- Araceli Manjón-Cabeza, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.
- Sebastián Martín, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
- Cristina Monge, politóloga y comentarista habitual en medios.
- Silvina Romano, investigadora argentina especializada en derechos humanos.
- Helen Duffy, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden.
- María Alejandra Vicente, cuyos antecedentes profesionales no han sido detallados públicamente.
Aunque el Gobierno ha dado por oficializada la constitución del organismo, fuentes cercanas a varios de sus miembros han indicado a medios que aún no han recibido la comunicación formal de su nombramiento, ni se han definido los plazos, criterios de trabajo ni fechas de reunión. La comisión contará con un equipo ampliado de 20 vocales, entre expertos en derechos humanos, historiadores, politólogos y comunicadores, tanto nacionales como internacionales.
Trabajará bajo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con el objetivo de presentar un informe final con recomendaciones en un plazo de 18 meses. Sus ejes temáticos incluirán la violencia letal y las desapariciones forzadas, el sistema represivo franquista, la represión económica, las violencias de género, el exilio, la represión cultural y las consecuencias actuales del régimen. Una subcomisión específica analizará el Patronato de Protección a la Mujer, institución que durante el franquismo internó a miles de mujeres y menores sin haber cometido delito alguno, en un contexto de control moral y represión de género.
Un modelo con raíces en la experiencia latinoamericana
La creación de esta comisión recupera una apuesta largamente defendida por Garzón, quien en 2008 intentó investigar judicialmente los crímenes del franquismo al considerarlos crímenes contra la humanidad, imprescriptibles y ajenos a la amnistía de 1977. Su intento fue archivado por el Tribunal Supremo, que además le condenó por prevaricación en otro asunto, lo que acabó con su carrera judicial. A pesar de ello, Garzón ha seguido impulsando su visión desde fuera del sistema judicial. La Ley de Memoria Democrática de 2022 supuso un primer avance en esa dirección, y su inclusión ahora al frente de este proceso institucional representa un nuevo paso en la consolidación de su doctrina dentro del aparato estatal.
La designación plantea, sin embargo, cuestionamientos sobre independencia y transparencia, dado que Garzón pasa de ser parte del órgano que crea la comisión a presidirla, con un grupo de apoyo en el Consejo que aseguró su elección. Aunque el proceso sigue marcos legales, su configuración genera debates sobre la concentración de influencia en una figura con un claro compromiso ideológico y personal con el tema, en un ámbito tan sensible como la memoria histórica.
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