Gobierno da dinero a empresarios por subir salarios mínimos
El Ministerio de Trabajo ha mantenido este lunes una nueva reunión con representantes de los agentes sociales para avanzar en la negociación sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Durante el encuentro, la cartera dirigida por Yolanda Díaz presentó una propuesta de incentivos fiscales dirigida a las empresas más afectadas por la subida, con el objetivo de facilitar un acuerdo tripartito entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
Un incentivo fiscal como puente hacia la patronal
Según explicó a la salida de la reunión el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, la propuesta consistiría en una deducción en el Impuesto de Sociedades condicionada a que las empresas que la acogieran se comprometieran a no realizar despidos durante el año siguiente y a impulsar un aumento progresivo de los salarios, con el fin de reducir el número de trabajadores que perciben el salario mínimo. No obstante, Pacheco matizó que, por ahora, se trata de una iniciativa “conceptual” que aún no ha sido detallada de forma concreta, y que presenta “algunas lagunas” que deberán resolverse una vez se conozca el texto definitivo.
Esta medida se interpreta como un esfuerzo del Ejecutivo por tender puentes con la CEOE y Cepyme, que hasta ahora han mostrado resistencia a los incrementos propuestos. El aumento planteado por el Ministerio asciende a un 3,1% para 2026, lo que elevaría el SMI a 1.221 euros mensuales por catorce pagas, un incremento de 37 euros al mes respecto al actual. La subida tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, una vez se apruebe formalmente.
Distancia con la patronal y obstáculos legales
- La propuesta del Gobierno duplica prácticamente la subida que defiende la patronal, que aboga por un aumento del 1,5%, en línea con la revalorización de los salarios del empleo público.
- Para facilitar el acuerdo, Trabajo también se comprometió a estudiar una “relajación” de la Ley de Desindexación en los contratos públicos, una medida demandada tanto por sindicatos como por empresarios.
- Sin embargo, cualquier modificación en este ámbito requiere la aprobación del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, que ha mostrado reticencia a introducir cambios en la normativa actual.
Ante esta dificultad, el Ministerio de Trabajo ha optado por explorar alternativas, como la deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades, para mitigar el impacto del alza del SMI en las pymes y pequeñas empresas más expuestas.
El SMI seguirá exento de tributación
Una cuestión ya cerrada es que el incremento del SMI no tributará en el IRPF. El secretario de Estado de Trabajo confirmó que se ha alcanzado un consenso con Hacienda para mantener la exención fiscal, tal como ha ocurrido en años anteriores. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores que cobran el salario mínimo, sin generar un efecto compensatorio en sus declaraciones de la renta.
Desde 2021, las subidas del SMI se han negociado únicamente con los sindicatos CCOO y UGT, sin el respaldo de la patronal. En 2025, el salario mínimo ya se incrementó un 4,4%, pasando de 1.134 a 1.184 euros mensuales por catorce pagas, con efecto retroactivo desde enero de ese año. Esta fue la quinta vez consecutiva que el acuerdo se alcanzó sin la participación de CEOE y Cepyme.
La última ocasión en que las organizaciones empresariales respaldaron una subida del SMI fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros. Desde entonces, la distancia entre las posturas ha ido en aumento, lo que convierte en clave el nuevo enfoque del Gobierno, que busca combinar el aumento del salario mínimo con herramientas de acompañamiento para las empresas, en un intento por recuperar el diálogo social pleno.
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