Revelan correo clave de la Generalitat sobre liberación de presos sin sentencia
La Generalitat ha enviado una circular a su personal de prisiones con el fin de identificar a aquellos internos extranjeros que podrían beneficiarse de la nueva medida de regularización migratoria impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez. Según ha podido conocerse, la comunicación pide realizar un censo de personas privadas de libertad que, estando en situación de prisión preventiva o pendientes de sentencia condenatoria, cumplan con los requisitos establecidos: al menos cinco meses de residencia en España y ausencia de antecedentes penales.
Un censo con posibles implicaciones jurídicas
El objetivo de la Generalitat es obtener una estimación precisa del número de internos que podrían acogerse a este proceso de regularización. En el correo se solicita específicamente “una prospección del número de personas internas que cumplirían estos requisitos” y que se remita el resultado, lo que evidencia la intención de anticipar el impacto de la medida en el sistema penitenciario catalán.
Desde el sindicato SICAP FEPOL advierten que, aunque la iniciativa sea inicialmente un mero recuento de datos, podría tener consecuencias legales significativas. Si un interno extranjero en prisión preventiva logra obtener autorización de residencia, su defensa podría argumentar con mayor fuerza el arraigo social e integración para oponerse a una eventual expulsión tras una condena, tal como prevé el Código Penal en determinados supuestos. Esta situación, señalan, podría dificultar la aplicación de las medidas de expulsión frente a delincuentes reincidentes.
Situación actual en las prisiones catalanas
- En Cataluña hay 1.888 personas en prisión preventiva.
- De ese total, 1.307 son de nacionalidad extranjera, lo que representa el 69,23%.
- No todos los extranjeros carecen de documentación: según SICAP FEPOL, muchos ya tienen papeles, por lo que no serían beneficiarios de la regularización.
Desde el sindicato explican que los internos en prisión preventiva, al no tener condenas firmadas, técnicamente no poseen antecedentes penales, lo que les permitiría, en teoría, acceder al proceso de regularización antes de una eventual sentencia. Esta circunstancia ha generado cierta expectación entre los reclusos, algunos de los cuales estarían buscando recibos o documentos que acrediten su estancia mínima en España para cumplir con uno de los requisitos clave.
Un contexto de delincuencia reiterada
La medida se enmarca en un escenario de especial preocupación por la multirreincidencia delictiva. Datos facilitados por los Mossos d’Esquadra indican que actualmente hay 3.969 delincuentes multirreincidentes activos en Cataluña. Ante este panorama, SICAP FEPOL insiste en que cualquier política migratoria que afecte al sistema penal debe abordarse con “extrema prudencia”.
El sindicato subraya la necesidad de que las regularizaciones vayan acompañadas de mecanismos de control que eviten efectos no deseados sobre la seguridad ciudadana. “Técnicamente, es posible que alguien cometa un delito, esté en prisión preventiva y, antes de ser condenado, obtenga la residencia. A partir de ese momento, su abogado podría alegar arraigo para evitar la expulsión”, explica Pueyo, portavoz del sindicato, quien considera que esta situación podría derivar en complejos debates judiciales y administrativos.
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