Operadores en alerta máxima por nueva ley de ciberseguridad en Europa
La propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad de la Unión Europea (CSA), presentada por la Comisión Europea el 20 de enero, ha generado fuertes reacciones en el sector de las telecomunicaciones. Las principales asociaciones del sector, GSMA y Connect Europe, han expresado su preocupación ante lo que consideran una medida desproporcionada y potencialmente perjudicial para la estabilidad del servicio y la salud financiera del sector. En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y recientemente revelada por POLITICO, advierten que la sustitución masiva de proveedores considerados de riesgo podría alterar gravemente la calidad y disponibilidad de las redes durante y tras el proceso de transición.
Impacto económico y operativo en el sector
Las asociaciones señalan que la eliminación progresiva de equipos de ciertos proveedores, muchos de ellos no europeos, en un plazo de tres años supondría una "autolesión estratégica" para Europa. A su juicio, la medida obligatoria —hasta ahora de carácter voluntario— tendría consecuencias severas para todos los sectores económicos, que terminarían asumiendo los costes derivados. Según el análisis de impacto elaborado por la propia Comisión Europea, la retirada de estos equipos podría generar entre 3.400 y 4.300 millones de euros en costes anuales para los operadores móviles, alcanzando hasta 21.500 millones en cinco años. Esta carga financiera, advierten, podría comprometer la capacidad del sector para seguir invirtiendo en la modernización y expansión de las redes.
Preocupaciones del sector
- El alcance de las medidas es "inusualmente amplio y desproporcionado", según GSMA y Connect Europe.
- Los efectos económicos, operativos y sobre los usuarios han sido subestimados.
- La eliminación total de equipos en redes fijas y móviles va más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la ciberseguridad.
- Se exige mayor certidumbre jurídica, especialmente en países donde ya se han adoptado medidas nacionales.
Las organizaciones instan a la Comisión Europea, al Parlamento y a los Estados miembros a trabajar de cerca con la industria para evaluar el impacto real de la normativa y asegurar que la legislación final sea proporcional, coherente y viable desde el punto de vista operativo.
Posiciones de los líderes del sector
Vivek Badrinath, CEO de GSMA, ha defendido un enfoque más gradual basado en el ciclo natural de vida de los equipos, en lugar de reemplazos forzados. Ha advertido que la norma podría alterar los ciclos de inversión actuales y que su impacto debe ser evaluado con rigor. Por su parte, Meinr Spenger, CEO de MasOrange en España, se ha opuesto a la exclusión indiscriminada de proveedores, abogando por una estrategia basada en la colaboración con los mejores socios tecnológicos y en la implementación de medidas de protección específicas en infraestructuras críticas. Emilio Gayo, CEO de Telefónica, ha calificado la propuesta de "agresiva", destacando el alto impacto económico y el riesgo de que Europa retrase el despliegue y la densificación de redes al desviar recursos hacia la sustitución de equipos.
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