Alsina reprueba el papel de "socorrista" de Sánchez: "Ha dicho sobre Zapatero exactamente lo mismo que dijo sobre Santos Cerdán"
La Audiencia Nacional ha formalizado la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, bajo la acusación de tráfico de influencias y presunta participación en una trama de financiación irregular vinculada al contrato de la empresa de seguros Plus Ultra. Según la acusación, la sociedad de las hermanas habría facturado servicios de consultoría digital a precios inflados, sin contar con la infraestructura necesaria para prestarlos, con el objetivo de encubrir pagos por gestiones políticas realizadas a favor del gobierno de Pedro Sánchez.
Los fiscales sostienen que la empresa “What The Fav”, gestionada por las hijas, carecía de personal y medios técnicos, lo que sugiere que los servicios facturados podrían ser ficticios. La hipótesis plantea que los pagos reales habrían sido dirigidos a Zapatero, quien habría recibido la remuneración a través de sus hijas como intermediarias, aprovechando su influencia para conseguir favores institucionales.
Reacciones y declaraciones de los implicados
En la comparecencia judicial, Zapatero negó haber intervenido en la gestión del contrato con Plus Ultra, aunque durante la audiencia admitió haber realizado una gestión para la compañía, pero ante el Banco Santander y no frente al Gobierno. Esta contradicción ha sido señalada por el abogado defensor como una inconsistencia que debilita la credibilidad del expresidente.
El presidente Pedro Sánchez, quien ha defendido a Zapatero frente a otras investigaciones, argumentó que en 2007 la normativa sobre regalos y sociedades offshore era distinta, intentando minimizar la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, los críticos señalan que la legislación sobre la obligación de declarar bienes no ha variado sustancialmente y que la defensa del mandatario parece replicar la estrategia utilizada en casos anteriores, como el de Santos Cerdán.
El portavoz de la Fiscalía, en la audiencia, destacó la falta de pruebas documentales que justifiquen los altos importes facturados por “What The Fav”. Asimismo, se subrayó que la empresa no posee los recursos para ofrecer los servicios de consultoría digital que se le atribuyen, lo que refuerza la sospecha de un esquema de facturación simulada.
Por su parte, Gertrudis Alcázar, antigua secretaria de Zapatero, ha sido citada como testigo clave. Según la acusación, Alcázar habría coordinado la emisión de facturas y definido los conceptos de los servicios, lo que implicaría una planificación consciente de la supuesta irregularidad.
El diputado y crítico político Alsina ha calificado la comparecencia de Zapatero como insuficiente para disipar las dudas de los magistrados, señalando que la versión ofrecida no descarta los indicios de delito. Alsina también ha cuestionado la actitud del presidente Sánchez, a quien acusa de actuar como “socorrista” de Zapatero, replicando el mismo discurso que utilizó en la defensa de Santos Cerdán.
En definitiva, el caso sigue abierto y dependerá de la fase de instrucción judicial determinar si existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de un fraude mediante la facturación de servicios inexistentes y la utilización de las hijas del expresidente como intermediarias de pagos ilícitos. La opinión pública y la oposición política observarán de cerca el desarrollo de la causa, que podría tener repercusiones en la imagen de los principales actores del espectro político español.
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