Peinado abre una nueva investigación en el 'caso Begoña' contra Barrabés por prevaricación y fraude a la UE
El magistrado Juan Carlos Peino ha abierto una nueva línea de investigación dentro del denominado “caso Begoña” para examinar posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato público del programa Acelera Pyme, financiado con fondos europeos. El contrato fue otorgado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por KPMG e Innova Next, esta última vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés.
En este apartado, el juez ha acordado investigar a Barrabés por los presuntos delitos de prevaricación y fraude contra los intereses de la Unión Europea. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, permanece excluida de la investigación por el momento.
Nueva línea de investigación sobre el contrato Acelera Pyme
En una providencia dictada este jueves, a la que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid decidió segregar esta investigación del procedimiento principal que sigue contra Begoña Gómez. Asimismo, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid un informe que valore la posible relevancia penal de los hechos, a la luz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del decreto emitido por la Fiscalía Europea el pasado 8 de junio.
La medida se produce tras la devolución formal del expediente a la jurisdicción española por parte de la Fiscalía Europea, después de que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 actuara como órgano de garantías y anulara la decisión de asumir la investigación del contrato en cuestión.
El contrato, cuya financiación procede de los fondos FEDER a través de Red.es y el programa Acelera Pyme, habría presentado deficiencias en la documentación exigida a la UTE adjudicataria, según señala el informe de la UCO. A pesar de esas irregularidades, la UTE obtuvo la máxima puntuación técnica en la fase de valoración.
Paralelamente, el magistrado debe decidir si abre juicio oral contra Begoña Gómez en el procedimiento principal, en el que ya se le imputan delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Asimismo, está pendiente la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones populares, lideradas por la plataforma Hazte Oír, en la audiencia preliminar celebrada este lunes. Estas medidas incluyen la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas, mientras que la defensa y la Fiscalía piden el archivo del caso al considerar que no existen indicios suficientes de delito.
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