Adiós a la 'Cárcel Negra' de Marruecos: el régimen intenta borrar su pasado de torturas
El 27 de noviembre de 2002 falleció en prisión Boucetta Mohamed Barka, un saharaui de 35 años que había sido ingresado en el sistema penitenciario marroquí apenas dos semanas antes, bajo una condena de ocho meses. En los días previos a su muerte, el detenido había comunicado repetidamente a sus familiares que era objeto de torturas y malos tratos por parte de los guardias. Cuando la familia recibió el cadáver, el cuerpo presentaba evidentes signos de haber sido torturado.
Boucetta estuvo recluido en la cárcel conocida como la “Cárcel Negra”, ubicada en El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos. Ese recinto ha sido descrito como un infierno para los cientos de saharauis que allí pasaron casi medio siglo, entre los que se encontraban activistas internacionales como Aminetu Haidar, apodada “Gandhi saharaui”, que protagonizó una huelga de hambre de 32 días en el aeropuerto de Lanzarote a finales de 2009.
Demolición de la Cárcel Negra
Durante décadas la Cárcel Negra fue el símbolo más visible de la represión del régimen marroquí en el territorio ocupado. Aunque originalmente estaba diseñada para albergar a 200 reclusos, un estudio de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) realizado el año de la muerte de Boucetta reveló que había 554 internos recluidos, obligados a vivir hacinados en celdas de apenas unos metros cuadrados.
Las imágenes filtradas por los propios presos mostraban a personas con heridas visibles y signos de violencia. Según confirma Équipe Media, agencia de noticias que opera en los territorios saharauis, las autoridades marroquíes han demolido los edificios de la Cárcel Negra, borrando físicamente el espacio donde se ocultaba el sufrimiento de los prisioneros.
Un informe encargado por el Consejo General de la Abogacía Española, basado en la observación de juicios contra presos políticos saharauis hace veinte años, recogió el testimonio de un interno que describía graves problemas de salud y heridas sangrantes en el pie, atribuibles a torturas.
En 2023 Marruecos inauguró un nuevo centro de detención en El Aaiún y, el año pasado, trasladó a los internos de la antigua Cárcel Negra a las nuevas instalaciones situadas al norte de la ciudad. Desde entonces, solo quedan escombros del antiguo penal; no queda vestigio que permita reconstruir las violaciones de derechos humanos que allí ocurrían.
El Colectivo de Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA) denunció la demolición como “un ataque directo a la memoria colectiva del pueblo saharaui”. La eliminación del edificio se inserta dentro de una campaña más amplia del régimen marroquí contra monumentos históricos, culturales y simbólicos del pueblo saharaui, con la intención de suprimir pruebas físicas de una ocupación que lleva cincuenta años.
La historia de la Cárcel Negra se remonta a la época colonial española, cuando también funcionó como centro de detención y se registraron casos de desapariciones forzadas cuyo destino sigue sin conocerse. Tras la retirada española en 1976, la prisión quedó bajo control marroquí, donde la impunidad continuó siendo la norma.
En el caso de Boucetta, tres compañeros de celda fueron condenados por su asesinato, mientras que los funcionarios del centro fueron absueltos pese a los testimonios de la familia que describían los malos tratos sufridos antes de su muerte. El régimen logró, entonces, ocultar lo ocurrido y hoy intenta borrar nuevamente esa evidencia.
El reciente informe del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, presentado el 18 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentó 170 casos de violaciones de derechos humanos cometidos por Marruecos en 2025, lo que representa un aumento del 70 % respecto al año anterior y la cifra más alta desde que el organismo comenzó su labor.
Cuatro de esas vulneraciones se produjeron dentro del sistema penitenciario marroquí. Aunque la Cárcel Negra haya desaparecido, las condiciones de hacinamiento, humillaciones, trato degradante y discriminación racial continúan en otras prisiones del régimen. El informe señala también la privación injustificada de visitas familiares, las duras condiciones materiales de detención y la aplicación de procedimientos judiciales arbitrarios, que convierten la experiencia carcelaria en un castigo intensificado.
En los últimos meses varios presos saharauis iniciaron huelgas de hambre. Entre ellos destaca Mohamed Lamine Hdi, miembro del llamado “Grupo de Gdeim Izik”, que comenzó una huelga el 24 de junio para protestar contra los malos tratos y amenazas de los funcionarios de la prisión de Tiflet 2, al este de Rabat.
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