Valencia y Aragón siguen adelante y pedirán la suspensión de la regularización masiva hasta que decida el TJUE
Los gobiernos de Aragón y de la Comunidad Valenciana han confirmado que continuarán con su recurso contra la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno central ha puesto en marcha. La decisión llega el mismo día en que finaliza el plazo para solicitar la regularización, tras la publicación de dos providencias del Tribunal Supremo que plantean dudas sobre la compatibilidad del proceso con la normativa europea, concretamente con la Ley de Migración y Asilo, vigente desde el 12 de junio.
El Supremo ha concedido a ambas comunidades cinco días para presentar alegaciones y, en caso de considerarlo necesario, elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Además, los gobiernos autonómicos han comunicado que solicitarán la suspensión del real decreto mientras el TJUE no se pronuncie.
Procedimientos y expectativas
Hasta el momento, el Tribunal Supremo solo ha habilitado la fase de alegaciones; no ha emitido una decisión definitiva. El Ejecutivo central también está preparando sus observaciones. Si el Supremo plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE, lo más probable es que el real decreto quede suspendido y, por consiguiente, se paralice la tramitación administrativa del proceso de regularización que debía iniciarse tras el aluvión de solicitudes.
En mayo, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud de la Comunidad de Madrid para suspender la regularización, argumentando que la medida no suponía un riesgo inminente de colapso de los servicios públicos. Sin embargo, los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román presentaron disidencias, advirtiendo que podría ser necesario plantear la cuestión al TJUE y paralizar el procedimiento administrativo.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, calificó la actuación del Supremo de “lógica”. Tras reunirse con el rey Felipe VI en Zarzuela, Azcón insistió en que la regularización debe respetar la legislación europea, en particular el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y apoyó la elevación de la cuestión al TJUE para garantizar su legalidad.
Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, felicitó la postura del Supremo y reprochó la “rapidez y los ocultismos” con los que el Gobierno central ha manejado el tema. Pérez Llorca recordó que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Podemos, que evitó el paso por el Congreso, estableció normas controvertidas para la acreditación de la situación de los inmigrantes y para la solicitud de la regularización.
- Se suspendieron las órdenes de expulsión en curso.
- Podían acogerse al proceso inmigrantes con antecedentes policiales o en proceso judicial.
- La acreditación de la falta de antecedentes penales se redujo a una simple declaración responsable.
- Los solicitantes podían declararse vulnerables sin necesidad de pruebas adicionales.
Según los datos oficiales, el Ejecutivo central y varias ONG estiman que hay unos 500.000 inmigrantes sin papeles en España, mientras que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad elevan la cifra a 1,3 millones. La regularización podría desencadenar un oleaje de reagrupación familiar, incrementando aún más el número de residentes sin documentación.
Los partidos socialistas, que anteriormente se oponían a regularizaciones “generalizadas” por considerarlas contrarias al marco comunitario, siguen defendiendo un enfoque caso por caso. En el debate parlamentario del 12 de marzo de 2024, el diputado socialista Luc André Diouf, de origen senegalés, recordó que “las leyes deben respetar la normativa europea” y subrayó la imposibilidad de “salir del marco europeo”.
El comisario europeo de Interior y Migraciones, el austríaco Magnus Brunner, criticó a principios de junio la política española en materia migratoria, señalando que contraviene la posición de varios socios comunitarios. Brunner señaló que el 80 % de los inmigrantes en España provienen de América Latina, lo que explica en parte la “señal no es buena” pero también la particularidad del caso español. Otros países que han expresado su desacuerdo incluyen Dinamarca, Bélgica, Alemania y Hungría.
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