La nota alertando de las maniobras de Leire que el DAO ocultó deja en evidencia a Marlaska en el Senado: "Yo dije que la UCO tenía que conocerla"
El sumario de las diligencias previas que investigan a la alta dirección del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil ha añadido un nuevo capítulo, considerado por la Fiscalía como posible delito de obstrucción a la justicia.
El punto central de la polémica es una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 29 de abril de 2025. En ese informe se advertía al Director de Operaciones (DAO), teniente general Manuel Llamas, sobre la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. El documento señalaba nominativamente a Leire Díez como la principal impulsora de la operación y añadía que “detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, con conocimiento también de la directora general de la Guardia Civil”.
Ocultamiento de la información y reacciones institucionales
A pesar de la gravedad del contenido, el DAO mantuvo la nota oculta a la propia Unidad Central Operativa (UCO) durante diez días. No fue hasta el 8 de mayo de 2025, cuando el general Alfonso López Malo, Jefe de la Policía Judicial, le entregó a Llamas un informe idéntico elaborado de forma independiente por la UCO, que el teniente general reconoció la existencia del documento. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada califica esta conducta como “prima facie incompatible con los deberes inherentes al cargo y susceptible de integrar tipos penales”.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, intentó desligarse de la responsabilidad durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado, alegando una “orden de transmisión inmediata” que habría garantizado que la UCO conociera el contenido de la nota. Sin embargo, los registros judiciales indican que el DAO recibió la nota el 29 de abril y no la remitió a los agentes hasta el 8 de mayo, cuando se vio confrontado por la investigación interna.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también compareció ante el Senado el 16 de junio y negó cualquier intromisión en la actuación de la UCO. No obstante, la evidencia tecnológica aportada por la unidad muestra que, el 11 de mayo de 2025, apenas tres días después de que Llamas entregara la nota, se registró una actividad sospechosa en el teléfono de González: dos interacciones en WhatsApp con Leire Díez que coincidieron con la eliminación automática de mensajes con caducidad de 24 horas. Esa misma tarde, a las 11:30 h, el DAO convocó de urgencia al general Antonio Cortés Ruiz, Jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), para abrir una información reservada contra la UCO bajo el pretexto de investigar el origen de las filtraciones a la prensa.
El paralelismo temporal entre la supresión de comunicaciones, la apertura del expediente interno y la investigación de la UCO ha sido interpretado por la acusación como un acto causalmente conectado con la supuesta obstrucción.
En defensa del uso de informaciones reservadas, González aseguró que se trata de un procedimiento interno “habitual” que “nunca se dirige contra ninguna persona”. Sin embargo, el testimonio bajo juramento del general López Malo y del coronel Yuste, entonces jefe de la UCO, desmantela esa visión: ambos describieron la acumulación de expedientes internos como “excepcional” y la calificaron de “intento de intimidación”. Además, señalaron que tanto el anterior director general, Leonardo Marcos, como el actual DAO, Manuel Llamas, les ordenaron “ponerse de perfil” y abstenerse de ser proactivos en causas judiciales con “afectación política”, haciendo referencia particularmente a la investigación que involucraba al hermano del presidente del Gobierno en Bajoz.
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