Se cancela el único acto al que iba a asistir la directora de la Guardia Civil previsto para el día de la declaración del DAO en el Senado
La inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mieres (Asturias), que figuraba como el único acto público en la agenda de la directora general del Instituto Armo, Mercedes González, para el próximo 10 de julio, ha sido aplazada por “causas sobrevenidas”. La suspensión, confirmada por La Nueva España, coincide con la comparecencia ante el Senado del director operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, quien debe responder a la supuesta implicación en la trama de las “cloacas”, en la que la exmilitante Leire Díez habría intentado vulnerar a la Unidad Central Operativa (UCO).
El aplazamiento del acto, el único programado para esta semana, llega apenas una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordara citar como investigados a González y a Llamas al apreciar indicios de posibles delitos continuos de prevaricación administrativa y de obstrucción a la justicia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. La declaración judicial de ambos está prevista para el 16 de julio.
Contexto de la investigación
Según informó el diario asturiano, la convocatoria para la inauguración del cuartel de Mieres se envió el pasado viernes a representantes institucionales, indicando que la directora general presidiría el acto a las 10:30 h del 10 de julio y solicitando confirmación de asistencia. Sin embargo, pocas horas después, los destinatarios recibieron un nuevo mensaje en el que se comunicaba que la ceremonia quedaba aplazada “hasta una nueva fecha” por “causas sobrevenidas”.
El aplazamiento coincide con la comparecencia parlamentaria del DAO, lo que añade un nuevo elemento a una semana especialmente complicada para la cúpula de la Guardia Civil. Manuel Llamas debe comparecer ante el Senado el mismo día en la comisión que sigue el denominado ‘caso Leire’, mientras que tanto él como Mercedes González enfrentan una investigación judicial derivada de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional.
En el auto dictado el 2 de julio, del que ha tenido acceso El Independiente, el magistrado acordó la citación de ambos tras la valoración de la Fiscalía de que existen indicios suficientes, de forma provisional y sin perjuicio del resultado de la instrucción, de posibles delitos de prevaricación administrativa y contra la administración de justicia.
El Ministerio Público sostiene que las diligencias practicadas hasta la fecha hacen necesario que González y Llamas declaren como investigados para garantizar plenamente su derecho a la defensa. Entre los elementos que la Fiscalía considera relevantes se encuentran las distintas informaciones reservadas abiertas dentro de la Guardia Civil sobre actuaciones de la UCO, la documentación incorporada al expediente y las declaraciones prestadas por varios mandos del Instituto Armo en las últimas semanas.
La Fiscalía argumenta que existen indicios que justifican su citación procesal, aunque será la instrucción la que determine finalmente la alcance de las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos investigados. El propio escrito recuerda que la declaración como investigados responde también a la necesidad de preservar los derechos procesales de ambos, al existir ya elementos suficientes para dirigir el procedimiento contra ellos.
Hasta la fecha, la inauguración del cuartel de Mieres era el único acto público previsto en la agenda de Mercedes González tras su imputación, después de su participación el pasado viernes en Candanchú (Huesca) para la entrega de diplomas a los nuevos especialistas del Servicio de Montaña.
La citación en el Senado por parte del Partido Popular llega después de que tanto la directora de la Guardia Civil como el ministro del Interior comparecieran ante la Cámara Alta en las últimas semanas. Ambos han insistido en que, desde la cúpula del Instituto Armo, no se ha orquestado ninguna trama para acabar con la UCO, aunque los informes de los agentes sitúan a la directora en al menos tres reuniones con Leire Díez.
Por su parte, Manuel Llamas deberá explicar, antes del 16 de julio, por qué solicitó a los agentes de la UCO que adoptaran una posición discreta ante la investigación del hermano de Pedro Sánchez y con qué ánimo abrió las informaciones reservadas a los agentes. Además, tendrá que esclarecer por qué no entregó la nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información el 29 de abril de 2025, en la que ya se alertaba de una presunta campaña de desinformación orquestada por las llamadas “cloacas” del PSOE para “destruir” la credibilidad de la UCO y de sus mandos. El DAO tardó diez días en trasladar dicha nota a los agentes de la UCO, tras haber recibido previamente una versión idéntica de la Jefatura de Policía Judicial, encabezada por el general Alfonso López Malo.
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