Lo que nadie te contó: la solidaridad nunca se pierde
Existe una profunda inmoralidad cuando un Estado intenta apropiarse no solo de los recursos de sus ciudadanos, sino también de su solidaridad.
Si el gobierno venezolano decide centralizar toda la ayuda humanitaria que proviene de organizaciones privadas, no mejorará la distribución de la asistencia; simplemente estará expropiando el trabajo social de miles de personas que, dentro y fuera del país, han dedicado años a construir redes de confianza para ayudar directamente a quienes más lo necesitan.
La amenaza al sector civil
Las donaciones poseen un destinatario moral. Quien entrega alimentos, medicinas o recursos económicos a una organización benéfica lo hace porque confía en su transparencia, capacidad e independencia. Esa confianza no puede ser confiscada mediante un decreto.
La solidaridad nace de la libertad. Cuando el Estado obliga a que toda ayuda pase por sus manos, desaparece una sociedad civil autónoma y emerge un monopolio político sobre la compasión. El mensaje es claro: no importa quién recaude, quién trabaje o quién se sacrifique; al final, será el poder quien decida qué llega, cuándo llega y a quién llega. Eso no fortalece la ayuda humanitaria; la politiza.
La experiencia demuestra que las organizaciones independientes llegan donde la burocracia no alcanza, donde el clientelismo no quiere llegar o donde el poder simplemente no tiene interés. Su independencia es, precisamente, la garantía de que la ayuda responde a las necesidades de las personas y no a los intereses del gobierno de turno.
Por eso resulta preocupante cualquier intento de convertir las donaciones privadas en patrimonio administrativo del Estado.
Esta reflexión también debe extenderse a la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump afirmó defender la libertad y la democracia frente al autoritarismo venezolano, pero esa defensa pierde credibilidad cuando las decisiones estratégicas priorizan intereses geopolíticos o económicos sobre el fortalecimiento real de una sociedad civil libre e independiente. La libertad no consiste únicamente en cambiar gobiernos; consiste en proteger a las personas y a las instituciones que actúan sin depender del poder político.
La solidaridad es un acto libre. Cuando un gobierno pretende apropiarse de ella, deja de ministrar ayuda humanitaria para comenzar a ministrar obediencia.
Los venezolanos no necesitan un Estado que monopolice la solidaridad ni potencias extranjeras que utilicen la ayuda como instrumento político. Necesitamos instituciones libres, organizaciones independientes y ciudadanos capaces de decidir por sí mismos cómo ayudar a sus comunidades.
Defender la libertad también significa defender el derecho de cada persona, empresa, fundación o asociación a elegir el destino de sus donaciones. No debería ser una obligación entregar el fruto de la generosidad a un gobierno en el que no se confía.
Porque las donaciones pertenecen moralmente a quienes las entregan y a quienes las reciben, no al poder político.
Manuel Rodríguez, coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela, subraya que la solidaridad no necesita la tutela del poder; necesita libertad, transparencia y respeto por la voluntad de quienes ayudan y de quienes esperan esa ayuda.
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