El DAO nunca comunicó a los agentes de la UCO investigados que sus expedientes se habían archivado "sin sanción"
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fueron investigados internamente por supuestas filtraciones vinculadas a causas que afectaban al entorno del Gobierno nunca recibieron una notificación oficial que confirmara el archivo de los expedientes contra ellos, ni se les exigió responsabilidad disciplinaria alguna. La falta de esa comunicación dejó a los investigadores en la incertidumbre durante meses, sin saber si las informaciones reserva seguían abiertas, si se continuaban practicando diligencias o si ya estaban archivadas.
Resumen de los tres expedientes abiertos entre diciembre 2024 y septiembre 2025
Según la documentación incorporada a la investigación judicial y la información recabada por El Independiente, las tres informaciones reserva abiertas contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 fueron cerradas sin que se impusieran sanciones disciplinarias a los agentes investigados. No obstante, el archivo nunca se comunicó formalmente a los afectados, que siguieron desempeñando sus funciones sin conocer la situación real de los expedientes iniciados por la alta dirección de la Guardia Civil.
Fuentes cercanas a la unidad explican que, en procedimientos de este tipo, el agente suele recibir una comunicación cuando se le cita a declarar dentro de una información reserva. En los casos analizados, esa práctica no se respetó.
Primera información reserva (4 de diciembre de 2024). El director operativo (DAO), Manuel Llamas Fernández, citó a declarar a varios investigadores al día siguiente ante la Audiencia Nacional y ordenó la apertura de la primera información reserva, denominada “Esto Mayor 1/24”. La investigación se originó tras la publicación de un documento relacionado con el caso “Bajoz”, en el que aparecía la dirección de correo institucional de Begoña Gómez. Aunque la UCO aclaró que la difusión no era atribuible a la unidad, el DAO procedió a abrir el expediente.
El proceso concluyó el 13 de enero de 2025. En el oficio remitido por Llamas a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el instructor descartó dolo o negligencia disciplinaria y propuso únicamente una “amonestación verbal” por parte del jefe de la unidad. Sin embargo, el entonces jefe de la UCO, coronel Rafael Yuste, declaró que nunca recibió comunicación oficial del cierre del expediente ni constaba ninguna notificación en el registro de entrada de la unidad.
Segunda información reserva (12 de mayo de 2025). Cuatro meses después, tras la publicación de los intercambios de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Llamas ordenó una nueva información reserva para investigar una supuesta filtración atribuida a la UCO. El general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Alfonso López Malo, había advertido, tanto por escrito como verbalmente, que era técnicamente imposible que la filtración hubiera salido de la unidad, dado que varios mensajes publicados correspondían a fechas posteriores a la intervención de los teléfonos analizados por la Guardia Civil.
El expediente fue archivado el 26 de mayo de 2025, tras la intervención del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien advirtió que, de mantenerse la investigación, se podrían deducir testimonios para depurar posibles responsabilidades penales contra el instructor y el propio DAO. El archivo se acordó “por instrucciones de la superioridad” y “sin haberse practicado ninguna actuación”, pero, de nuevo, la UCO no recibió notificación oficial de dicho cierre.
Tercera información reserva (1 de septiembre de 2025). La última apertura se produjo a raíz de una información periodística que señalaba presuntas presiones desde la cúpula de la Guardia Civil, y concretamente desde el DAO, sobre la unidad de élite para que facilitara información sobre causas bajo secreto. En este expediente se solicitó a la UCO un organigrama nominativo de los oficiales que trabajaban en investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno, incluidas las causas relativas a Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. La información reserva fue archivada el 6 de octubre de 2025 sin que se impusieran sanciones disciplinarias.
La sucesión de estos tres expedientes está siendo analizada por el magistrado instructor, Santiago Pedraz. En declaraciones realizadas en junio de 2026, tanto el general Alfonso López Malo como el entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, describieron ante el juez la apertura continuada de estas investigaciones internas como una situación “excepcional”, “no habitual” y como un “intento de intimidación” contra los investigadores que instruían causas de alto impacto político.
Ambos mandos también confirmaron que tanto el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, como el actual DAO, Manuel Llamas, les transmitieron la conveniencia de “ponerse de perfil” y de “no ser proactivos” en aquellas investigaciones con “afectación política”, entre ellas la que involucraba al hermano del presidente del Gobierno.
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