La AIReF se alinea con el Gobierno para fijar un déficit a la carta para cada comunidad autónoma
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha defendido la posibilidad de establecer un déficit asimétrico, o “a la carta”, para las comunidades autónomas, tal como ha solicitado al Gobierno en informes previos. Se trata de una fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para adaptar los objetivos de déficit a la situación fiscal de cada territorio.
Durante la presentación del informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las administraciones públicas en 2026, la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, argumentó que “la situación de partida de las comunidades autónomas no es la misma”. Por ello, cuando el Gobierno fija un déficit común, no es razonable esperar que regiones con un déficit del 1,7 % o 1,5 % reduzcan su desequilibrio a 0 % en un solo ejercicio, mientras que otras ya presentan equilibrio o superávit.
El debate sobre el déficit asimétrico
Olóndriz advirtió que, si los objetivos no son “creíbles” y “factibles”, el marco fiscal nacional “pierde credibilidad”. Señaló, además, que la asimetría también se adoptó en el nuevo marco fiscal europeo: “No se podía aplicar el mismo criterio a todos los países, porque no estaban en la misma situación”.
El Ministerio de Hacienda introdujo la propuesta de déficit asimétrico a principios de junio en el CPFF. Aunque el Gobierno estableció un objetivo común de déficit del 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas entre 2027 y 2029, se mostró abierto a que ese margen se distribuya de forma diferenciada. Esta flexibilidad permitiría que regiones con mayores dificultades presupuestarias dispongan de un porcentaje de déficit superior, siempre que el resto de comunidades lo acepte “voluntariamente y por unanimidad”.
La iniciativa generó posiciones contrapuestas. Cataluña respaldó la asimetría, argumentando que “lo que resulta insolidario es que todas las comunidades tengan el mismo margen pese a situaciones presupuestarias distintas”. En cambio, las comunidades gobernadas por el Partido Popular mostraron un rechazo mayoritario: la Comunidad de Madrid sostuvo que, de introducir diferencias, estas deberían beneficiar a quienes cumplen las reglas fiscales, mientras que Extremadura calificó la propuesta como “algo que no había pedido”. Por su parte, la Comunidad Valenciana y Murcia no cerraron la puerta al análisis del planteamiento ministerial.
En su informe de 2026, la AIReF mantiene la previsión de déficit para el conjunto de las administraciones públicas en el 2,6 % del PIB (un 1,8 % si se excluyen los efectos de la DANA, el tren de borrascas y la crisis del Oriente Medio), cinco décimas por encima de la estimación del Gobierno.
Asimismo, la AIReF advierte sobre el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto nacional tanto en la administración central como en la mayor parte de las comunidades autónomas. Para cumplirla en 2026, sería necesario “aplicar medidas adicionales por un importe equivalente al 0,6 % del PIB”, lo que implicaría ajustes de unos 10.000 millones de euros.
El marco fiscal nacional establece que las administraciones públicas deben limitar el crecimiento de su gasto computable al 3,5 %. No obstante, la previsión de la AIReF indica que el gasto de la administración central aumentará un 8,8 % y el de las comunidades autónomas un 4,2 % respecto a 2025. Sólo las corporaciones locales cumplirían la regla (2,6 %), a pesar de que a estos entes territoriales también se les exige equilibrio presupuestario.
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