Vox encuentra en sus gobiernos con el PP la alternativa para poder volver a recurrir las leyes de Sánchez ante el TC
Desde la irrupción nacional de Vox en las elecciones generales de 2019, el recurso de inconstitucionalidad contra las leyes del Gobierno de coalición (PSOE‑Unidas Podemos) se convirtió en una de las principales armas de oposición del partido liderado por Santiago Abascal. En aquella fase, Javier Ortega Smith, entonces diputado, concejal y abogado del partido, controlaba el área judicial de la formación y encabezó numerosos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC).
El desastre electoral de las generales de 2023 dejó a Vox sin la capacidad de presentar recursos de inconstitucionalidad, ya que la normativa solo permite a las formaciones con al menos 50 escaños ejercer esa facultad. Ante la pérdida de esta herramienta, Vox ha centrado sus acciones judiciales en otras instancias, como el Tribunal Supremo (salas penal y contencioso‑administrativa), la Audiencia Nacional y juzgados de instrucción ordinarios, destacando su papel de acusación popular en investigaciones de presunta corrupción del PSOE.
Posibles recursos sobre la “ley de nietos” y la instrucción de 2022
Tras la entrada del PP en la coalición de Gobierno, Vox vuelve a valorar la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, esta vez contra la llamada “ley de nietos” y la instrucción del Ministerio de Justicia de noviembre de 2022 que amplía el alcance de la normativa. Dicha instrucción, que originalmente beneficiaba a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y de los primeros años de la dictadura, habría sido extendida a más de 2,5 millones de personas, según Vox, lo que desvirtuaría el objetivo inicial de la medida.
En la actualidad el partido ha solicitado informes jurídicos internos para valorar la viabilidad del recurso. En caso de que los informes resulten favorables, Vox podría presionar al PP para que, junto al Gobierno, recurra la instrucción ante el TC. La decisión final dependerá también de los presidentes de los gobiernos autonómicos que, aunque en la práctica dependen del apoyo de Vox para mantener la mayoría, pueden decidir su postura.
Los gobiernos autonómicos que podrían verse implicados son:
- Extremadura
- Aragón
- Castilla y León
- Andalucía
- Comunidad Valenciana (donde el presidente Juanfrán Pérez Llorca necesita el apoyo de Vox para conservar la mayoría)
En la etapa anterior, cuando la coalición se vio sacudida por la polémica sobre la acogida de menores migrantes, Vox no se sumó a los recursos de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley de amnistía. Ahora, con la discusión centrada en la ampliación de la “ley de nietos”, el recurso al TC vuelve a ocupar la agenda de Abascal, aunque siempre previa coordinación con el PP.
Vox ya había interpuesto recursos contra el conjunto de la Ley de Memoria Democrática en 2023, incluida la disposición octava que introdujo la “ley de nietos”. Además, el partido ha presentado recursos de amparo contra la ley de amnistía y otras iniciativas legislativas que considera contrarias a la Constitución.
Mientras tanto, el PP adopta una estrategia más cautelosa. Su plan contempla agotar primero los recursos administrativos y, en caso de rechazo, elevar el asunto a la vía contencioso‑administrativa ante el Tribunal Supremo. Sólo si esa vía se agota, el partido consideraría presentar un recurso constitucional, una opción que exige un mayor esfuerzo técnico y político.
En paralelo, el periódico Génova ha solicitado formalmente a la Secretaría de Estado de Justicia la nulidad de oficio de la instrucción de noviembre de 2022, argumentando que constituye una extralimitación que vulnera las garantías del censo de votantes en el extranjero (CERA) y favorece un uso electoral de la norma.
El debate también incluye la posible creación de una circunscripción específica (n.º 53) para el voto exterior, una medida que el PP está evaluando como alternativa a la actual distribución de los votos de los españoles residentes en el extranjero.
En los últimos años, Vox ha construido una ofensiva judicial contra varios pilares legislativos del Gobierno de coalición, logrando decisiones de gran repercusión, como la anulación parcial del estado de alarma por la pandemia de coronavirus y la impugnación de leyes como la de eutanasia, la LOMLOE (Ley Celaá), la reforma del CGPJ, la ley del “solo sí es sí” y la Ley de Memoria Democrática de 2023. Estas acciones forman parte de una estrategia de confrontación jurídica que el partido espera que le proporcione ventajas en las próximas elecciones generales.
Mira tambien:
Deja una respuesta