Vox y PP piden a Tribunal de Cuentas que investigue a la Diputación de Badajoz tras la condena al hermano de Sánchez

Vox y el Partido Popular han solicitado al Tribunal de Cuentas que inicie una investigación por responsabilidad contable contra la Diputación de Badajoz, tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa en la adjudicación irregular de una plaza en la institución provincial.

Petición conjunta de apertura de actuaciones al Tribunal de Cuentas

En dos denuncias independientes, ambos partidos exigen que el órgano fiscalizador abra actuaciones previas y requiera información a la Diputación de Badajoz. Vox pide, en concreto, que se solicite “información y documentación acreditativa de las cantidades efectivamente abonadas” por los contratos objeto del proceso judicial, así como los datos de las personas que autorizaron, ordenaron y fiscalizaron dichos pagos.

Según el partido de Santiago Abascal, existen “indicios racionales” de que las cantidades pagadas a David Sánchez con cargo a fondos públicos ascienden a 280 845,63 euros entre 2017 y 2024. La formación considera que se trata de un “saldo deudor injustificado” en la contabilidad de la Diputación, dado que los puestos de trabajo habrían sido creados y provistos de forma irregular y que el beneficiario no habría desarrollado de manera efectiva las funciones asignadas. Por ello, la responsabilidad contable recaería tanto sobre el perceptor como sobre quienes autorizaron o permitieron los pagos.

Vox también subraya que corresponde al Tribunal de Cuentas recabar información sobre las retribuciones percibidas por Luis María Carrero, exasesor de la Presidencia del Gobierno que ocupó posteriormente un puesto en la misma institución provincial. El partido señala que en la documentación aportada no consta informe sobre las retribuciones ni sobre las funciones efectivamente desempeñadas por Carrero, a diferencia de lo que sí se dispone respecto a David Sánchez. La petición incluye aclarar si las cantidades pagadas guardan correspondencia con una prestación de servicios real o si, por el contrario, configuran otro saldo deudor injustificado susceptible de generar responsabilidad contable.

Puntos Clave
  • Vox y PP solicitan al Tribunal de Cuentas que abra una investigación por responsabilidad contable contra la Diputación de Badajoz tras la condena de David Sánchez por prevaricación administrativa
  • Exigen que el órgano fiscalizador requiera información y documentación sobre las cantidades pagadas a David Sánchez, estimadas en 280 845,63 euros entre 2017 y 2024, y sobre quiénes autorizaron y fiscalizaron esos pagos
  • Piden también recabar datos sobre las retribuciones percibidas por Luis Mar

Por su parte, el PP solicita que la Diputación entregue los expedientes de creación, provisión y modificación de los puestos de Sánchez y Carrero, así como los contratos, nóminas o indemnizaciones y el detalle de los medios puestos a su disposición. El partido también pide la liquidación provisional del alcance de los posibles perjuicios y que la investigación se extienda a los perceptores y a los gestores identificados, así como a cualquier otro interviniente que resulte de la instrucción, con el objetivo de depurar las responsabilidades contables directas y subsidiarias.

El objetivo, según el PP, es que una vez determinado el alcance de los posibles daños, se ejerzan las acciones de responsabilidad contable contra los responsables, con el correspondiente reintegro de cantidades e intereses. Los populares argumentan que concurren, al menos en forma indicativa, la condición de gestores de fondos públicos, la conducta contraria a la normativa presupuestaria y de personal, el daño económico evaluable y la relación de causalidad, y subrayan que la jurisdicción contable es autónoma y compatible con la penal, sin que el pronunciamiento penal impida exigir responsabilidad contable por los mismos hechos.

En cuanto a la estimación de los importes, los partidos calculan de manera provisional y orientativa que el cargo de David Sánchez como “coordinador/jefe de la Oficina de Artes Escénicas” implicó una retribución total de 416 798,82 euros, mientras que el de Luis María Carrero como “jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas” ascendió a 113 200,76 euros. La suma de ambos conceptos produciría un “menoscabo provisional” cercano a los 530 000 euros.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a Sánchez y Carrero a una inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve años por el delito de prevaricación administrativa.

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Carlos Mendoza Vargas Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con pasantías en medios internacionales como BBC Mundo. Especializado en periodismo de investigación y análisis político.

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