El Gobierno intenta salvaguardar la relación con Marruecos tras el caos migratorio en Ceuta
El Gobierno de España está gestionando una nueva oleada migratoria en Ceuta, donde miles de personas cruzan de forma irregular el espigón del Tarajal hacia la ciudad autónoma. El ritmo de llegadas supera con creces el que se registró hace más de cinco años y ha obligado a las autoridades a adoptar medidas excepcionales para evitar que la situación se repita como en la última gran crisis migratoria, cuando más de 10 000 personas ingresaron de forma irregular y se desató el mayor enfrentamiento diplomático entre España y Marruecos en décadas.
Respuesta del Ejecutivo y coordinación con Marruecos
Desde primera hora de la mañana, el presidente de la Asamblea de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó la declaración de emergencia nacional y un “mando único” para hacer frente a la “situación de absoluta emergencia humanitaria y social”. Según sus cifras, entre 1 500 y 2 000 personas han ingresado en los últimos diez días, lo que equivale al 2 % de la población del territorio.
El Ejecutivo rechazó la activación del mecanismo de emergencia de interés nacional, argumentando que la normativa de protección civil de 2015 contempla exclusivamente fenómenos meteorológicos, inundaciones, riesgos nucleares o tecnológicos, pero no la gestión de flujos migratorios.
El ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, anunció su desplazamiento a Ceuta para el viernes, mientras que el presidente Pedro Sánchez también viajará a la ciudad para acompañar al alcalde y a Marlaska en una visita de urgencia. Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Melilla ordenó el cierre de la frontera de Beni Enzar para impedir nuevos intentos de cruce.
Ante la escalada de la presión migratoria, el Gobierno desplegó tropas del Ejército para reforzar a la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el objetivo de contener la llegada masiva de migrantes. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró la “excelente relación” con Marruecos y destacó la “colaboración ejemplar” de ambos países en materia migratoria, subrayando que Rabat está cooperando de forma leal y permanente.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, señaló que la crisis tiene su origen en la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones en caliente de inmigrantes que intentan cruzar la frontera de forma irregular. Según fuentes del Gobierno, las organizaciones criminales están aprovechando esta decisión judicial para intensificar sus actividades de tráfico de personas.
En respuesta, España y Marruecos acordaron “agilizar la devolución, lo antes posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta”. Marlaska confirmó que el contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, ha permitido que las fuerzas de seguridad de Rabat impidan miles de intentos de cruce.
El conflicto diplomático no se limitó a Marruecos. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, pidió el cierre del espacio Schengen con España, argumentando que la ola migratoria estaba vinculada a la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes. El secretario de Exteriores español calificó la declaración como “mensaje impropio” y convocó al embajador italiano en Madrid.
En el ámbito interno, los partidos políticos de Ceuta solicitaron el cierre de la frontera. El Partido Popular pidió activar la emergencia nacional bajo el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional y también el despliegue del Ejército. Vox calificó la situación de “invasión” y acusó al Gobierno de permitir que menores fueran utilizados como arma migratoria. Por su parte, los representantes de Sumar reprocharon a Marruecos el uso de la presión migratoria como herramienta de coerción.
El Gobierno también respondió a rumores que vinculaban la crisis con la reciente legislación sobre la nacionalidad española para los saharauis nacidos antes de 1977. Según fuentes, la medida, aprobada en comisión con el apoyo mayoritario del PSOE y la abstención del PP y Junts, podría haber irritado a Rabat, que ya muestra su descontento por la visita del presidente Sánchez a Argelia y por la postura española en el conflicto del Sáhara Occidental.
Finalmente, la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, manifestó que la situación no es deseada por Marruecos y pidió que los migrantes que han cruzado la frontera regresen a su país, reiterando el deseo de una inmigración “ordenada y segura”.
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