Italia y Dinamarca unen sus fuerzas contra la "inmigración descontrolada"
Italia y Dinamarca han renovado su colaboración en materia migratoria tras la crisis de Ceuta, presentando un comunicado conjunto en el que rechazan la “inmigración descontrolada” y exigen la creación de centros de repatriación en terceros países. La iniciativa, firmada por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la primera ministra danesa Mette Frederiksen, ha recibido el apoyo de otros veinte Estados miembros de la UE.
Un mensaje de unidad pese a diferencias políticas
En la nota publicada en las redes sociales de Meloni, citada por la agencia Efe, ambas líderes afirman: “Entendemos que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración. Provenimos de posiciones políticas muy diferentes y, desde luego, no coincidimos en todo. Somos las únicas dos mujeres jefas de gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa”. Añaden que “no aceptamos la inmigración descontrolada en Europa y hemos promovido una política de inmigración rigurosa, tanto en nuestros países como en el conjunto del bloque”.
Tras los incidentes en la frontera de Ceuta, Italia impuso controles a viajeros procedentes de España en sus aeropuertos y puertos. En respuesta, el Gobierno español aplicó medidas similares a los ciudadanos italianos, evidenciando la escalada de tensiones migratorias en la región.
Meloni se prepara para las elecciones legislativas de 2027, donde enfrenta la presión de la extrema derecha liderada por el general Vannacci, fundador de Futuro Nacional y defensor de la “remigración”, una política que propone devolver a la mayoría de los migrantes a sus países de origen o a terceros. Por su parte, Frederiksen, del Partido Socialdemócrata, gobierna Dinamarca desde 2019 tras formar una coalición con centristas y dos formaciones de izquierda. Dinamarca es considerada pionera en Europa por sus políticas migratorias restrictivas, y en 2021 aprobó una ley que permite la reubicación de solicitantes de asilo en países socios, como Ruanda.
Las dos mandatarias subrayan que “no pueden negar los efectos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: el aumento de la delincuencia, la presión sobre los servicios públicos y la erosión de la confianza ciudadana”. Señalan que la situación se agrava cuando los inmigrantes sin permiso cometen delitos violentos, trafican drogas o son responsables de agresiones sexuales.
En consecuencia, exigen “respuestas concretas para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y garantizar una mayor seguridad y protección para nuestras comunidades”. Proponen la creación de “centros de repatriación en terceros países y otras soluciones innovadoras fuera de Europa”. Italia ya ha puesto en marcha proyectos similares en Albania y contempla expandirlos a algunos países africanos.
Ambas líderes reiteran que “el respeto a nuestras leyes debe ir de la mano del respeto a los valores europeos”, tanto para los inmigrantes irregulares como para los millones de residentes legales de origen extranjero que conviven en sus naciones. Según Meloni y Frederiksen, la forma adecuada de proteger a Europa y sus valores comunes es que quienes llegan “respeten nuestras normas y no intenten imponer modelos de vida ajenos a nuestra cultura”.
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