El Gobierno cubrió con fondos europeos casi todas las nuevas transferencias a la Seguridad Social para pagar las pensiones
El Ministerio de Hacienda ha publicado este martes la Cuenta General de la Administración General del Estado (AGE) correspondiente al ejercicio 2025. Se trata de un documento de casi 8.000 páginas que recopila el registro de las cuentas anuales del sector público y detalla los movimientos presupuestarios y la ejecución del gasto del Gobierno a lo largo del año. El ejercicio se enmarca dentro de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Aunque el Ejecutivo sostiene que las cuentas prorrogadas siguen siendo plenamente válidas para gestionar la realidad económica actual, la propia ejecución presupuestaria muestra que ha sido necesario recurrir a modificaciones de crédito para cubrir gastos que no estaban suficientemente dotados. Uno de los casos más emblemáticos es el de la Seguridad Social.
Financiación de la Seguridad Social con fondos europeos
Según un análisis realizado por El Independiente, centrado exclusivamente en el código presupuestario 32.02 (correspondiente a la Seguridad Social y al sistema de pensiones, excluyendo partidas de Inclusión, Migraciones, personal y funcionamiento del Ministerio), el Estado tuvo que inyectar 8.414 millones de euros adicionales para atender los compromisos de gasto del sistema durante 2025. Así, las transferencias destinadas a la Seguridad Social pasaron de los 34.700 millones de euros previstos inicialmente en los presupuestos prorrogados de 2023 a 43.100 millones de euros al cierre del ejercicio.
El medio ha accedido a otro documento oficial que desglosa todas las modificaciones de crédito aprobadas durante el ejercicio. El cruce de ambos documentos revela que el 99,7 % de estas modificaciones —equivalentes a 8.391 millones de euros— se financiaron mediante reasignaciones de recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento de los fondos europeos Next Generation.
- Complementos de pensiones mínimas: 1.471 millones de euros adicionales, de los cuales 1.328 millones provienen de la partida de Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Transición Industrial (PERI) y 143 millones de los Programas de Rehabilitación para la Recuperación Económica y Social (PR).
- Ingreso Mínimo Vital (IMV): 1.859 millones de euros extras mediante modificaciones de crédito. De esa cantidad, 928 millones provienen del PERI, 558 millones de los PR y 93 millones del PERTE de Economía Circular.
- Complementos de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género: 880 millones de euros. El Gobierno reasignó 500 millones inicialmente destinados al programa de Construcción de Viviendas en Alquiler Social, 201 millones vinculados a iniciativas de Innovación y Futuro (IF) y 179 millones de los PR.
Estos ejemplos son solo una muestra de un mecanismo presupuestario que se ha repetido a lo largo del ejercicio en distintas partidas de la Seguridad Social.
En 2024, una dinámica similar despertó la atención del Tribunal de Cuentas. En su Declaración de la Cuenta General del Estado para ese año, el órgano supervisor señaló que el Ministerio de Hacienda había desviado 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para financiar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos de pensiones, mediante una ampliación de crédito de 1.722,1 millones de euros el 6 de noviembre y una transferencia de 667,3 millones el 19 de noviembre.
El Tribunal de Cuentas consideró que “esta actuación se llevó a cabo bajo fundamentos jurídicos que deberían haber quedado mejor justificados”, al existir incertidumbre sobre si los créditos sobrantes del “servicio 50” (reservado para el MRR) podían financiar gastos corrientes ordinarios como las pensiones. La controversia provocó que la Comisión Europea anunciara una revisión del uso de estos fondos en España, generando críticas en el Parlamento Europeo y en la prensa alemana.
A pesar de las reticencias iniciales, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, defendió la posición del Gobierno en su comparecencia ante la Comisión Mixta del Congreso. Según Chicano, al prorrogarse los presupuestos de 2023 también se arrastraron automáticamente los créditos de inversión asociados al “servicio 50” de los fondos europeos, creando un exceso de recursos que no era necesario para las inversiones de ese año. La cuestión, según ella, era determinar si la normativa de la prórroga permitía aplicar esos créditos sobrantes a otras necesidades del Estado.
La repetición de esta operación contable en la Cuenta General de 2025 vuelve a colocar el foco sobre la financiación de las pensiones con fondos europeos y sobre las consecuencias de gobernar con presupuestos prorrogados. En este sentido, Chicano anunció que el Tribunal de Cuentas está considerando la posibilidad de realizar un estudio jurídico‑técnico sobre las implicaciones de la gestión presupuestaria de las prórrogas en los recursos públicos.
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