Una reforma que el Gobierno 'le debía' a Europa: las claves de los cambios en inmigración y asilo precipitados por la crisis de Ceuta
Tras la llegada masiva de miles de migrantes a Ceuta a inicios de agosto, el Gobierno ha aprobado los anteproyectos de la nueva Ley de Asilo y de la reforma de la Ley de Extranjería. Ambas normas pretenden adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado por la Unión Europea en 2024.
Los textos, que aún deben ser debatidos en las Cortes, introducen cambios sustanciales en la gestión de llegadas irregulares, en los procedimientos de solicitud de asilo y en los mecanismos de retorno. Según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la reforma busca un sistema “más ágil, eficaz, ordenado y garantista”, en un contexto en el que las solicitudes de protección internacional han pasado de unas 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y se prevén 144.000 para 2025.
Principales novedades de la reforma
Una de las innovaciones más destacadas es el llamado “triaje” fronterizo. Las personas que ingresen de forma irregular deberán ser identificadas, someterse a controles médicos y de seguridad, pasar por una valoración de vulnerabilidad y proporcionar datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial). Hasta que concluya este proceso, no se autorizará formalmente su entrada en territorio español. El plazo estándar es de 72 horas, aunque un juez podrá ampliarlo si lo considera necesario.
En determinados casos, los solicitantes de asilo tendrán que permanecer en instalaciones policiales bajo la custodia de las autoridades mientras se estudia su petición. El procedimiento fronterizo podrá extenderse hasta un máximo de doce semanas.
La reforma también acelera la resolución de determinadas solicitudes de asilo, que deberán decidirse en un plazo máximo de tres meses. Se aplicará, entre otros supuestos, cuando existan razones vinculadas a la seguridad nacional, cuando las alegaciones sean evidentemente incoherentes o cuando el solicitante provenga de un país catalogado como “seguro” por la normativa europea.
En lo que respecta al rechazo de la solicitud, la nueva normativa permite que la resolución de denegación incluya directamente la decisión de retorno, de modo que quienes no tengan derecho a permanecer en España puedan ser devueltos siguiendo el procedimiento establecido.
Asimismo, se incorporan conceptos europeos como “tercer país seguro” y “país de origen seguro”, simplificando algunos trámites y recursos. No obstante, la entrada irregular no conlleva una devolución automática; antes es necesario determinar la situación de la persona y, si solicita protección internacional, garantizarle el acceso al procedimiento con las salvaguardas previstas por la legislación europea.
El proyecto presta especial atención a colectivos vulnerables. Se contemplan medidas específicas para menores no acompañados, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y víctimas de tortura, violencia o trata de personas. En el caso de menores no acompañados, el principio del interés superior del menor prevalecerá a lo largo de todo el proceso, priorizando su tutela y la búsqueda de soluciones como la reagrupación familiar o la protección en el país de origen cuando sea seguro y viable.
También se incluyen expresamente supuestos de persecución por motivos de género, identidad o expresión de género y discapacidad.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado el 14 de mayo de 2024, entró en vigor el 12 de junio del mismo año, obligando a los Estados miembros a adaptar sus normativas. La exdiputada del Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez, criticó en El Independiente que el Gobierno español haya puesto en marcha el nuevo marco sin haber completado aún las reformas previstas, a pesar de haber remitido en diciembre de 2024 un Plan Nacional de Implementación a Bruselas que reconocía la necesidad de dichos cambios.
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