El PSOE afronta un complejo calendario judicial en septiembre: Zapatero, Leire Díez y las cuentas del partido, en el punto de mira
Con el fin de las vacaciones de verano se reanuda la actividad judicial que ha puesto bajo la lupa al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y a figuras cercanas al Gobierno. En septiembre se abrirán varios procesos que llevan meses generando expectación pública, desde las investigaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hasta la posible apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

El primer caso destacado es el de Zapatero, quien está siendo investigado por presunto tráfico de influencias relacionado con el préstamo público concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. La investigación, que se reanudará el 10 de septiembre, cuenta con la participación de Julio Martínez y Roberto Roselli, exdirectivos de la compañía, quienes han señalado la supuesta “pretensión de cobro” por parte de Zapatero y su colaborador Julio Martínez Martínez. Asimismo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha iniciado el rastreo de cuentas a nombre del expresidente, sus hijas y su secretaria, en el marco de la investigación sobre joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho.
Principales investigaciones en la agenda judicial de septiembre
Otro punto focal es el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez, vinculada al llamado “sistema de pagos en efectivo” del partido entre 2017 y 2024. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al Tribunal Supremo dentro del llamado “caso Koldo”, señala que el PSOE habría entregado sobres con dinero en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, sin registrar algunos de esos pagos en la contabilidad oficial del partido. El juez Pedraz ha solicitado información de 81 cuentas, entre ellas de la propia formación y del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, para determinar si se pagó a Leire Díez con la intención de entorpecer causas que afectan al PSOE o al Gobierno.
En relación con este proceso, la directora del PSOE Ana María Fuentes comparecerá ante el juez el 9 de septiembre, y al día siguiente lo hará el exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos. Ambos forman parte de una investigación más amplia que también incluye a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Paralelamente, la cuestión catalana vuelve a ocupar la agenda judicial. El Tribunal Constitucional examinará el 22 de septiembre el recurso de Jordi Turull contra la decisión del Supremo de no conceder la amnistía por los delitos de malversación y huida vinculados al proceso independentista. La resolución de este recurso será determinante para el recurso posterior presentado por el expresidente Carles Puigdemont, que podría permitir su regreso inmediato a España. Además, el tribunal tiene pendiente el recurso del exfiscal general Álvaro García Ortiz y la controversia sobre la Ley Trans y la negativa del Gobierno a presentar presupuestos por tres años.
En el caso que ha generado mayor atención mediática, el juez de la Audiencia Provincial Juan Carlos Peiño está a punto de decidir si se cumplen los requisitos para abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente, y su asesora, por presunto tráfico de influencias y malversación. De autorizarse, la causa pasaría a la fase de enjuiciamiento, con la posibilidad de que un jurado popular participe, según lo disponga el procedimiento correspondiente.
El Tribunal Supremo, por su parte, tiene dos asuntos de especial relevancia en su agenda. El primero es la audiencia prevista para el 7 de septiembre, en la que se debatirá la posible suspensión de altas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) bajo la denominada “ley de los nietos”, que permite a descendientes de españoles solicitar la nacionalidad. La decisión podría afectar a miles de inscripciones y tener repercusiones en futuros procesos electorales. El segundo asunto es el incidente de nulidad interpuesto por el exministro José Luis Ábalos contra la sentencia que le condenó. Aunque las posibilidades de éxito son escasas, una resolución del Supremo abriría la puerta a un recurso ante el Tribunal Constitucional.
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