Septiembre arranca con declaraciones clave en Plus Ultra que cuestionan la versión de Zapatero

Tras la pausa judicial de agosto, el calendario de septiembre deja claro que la actividad judicial volverá a cobrar fuerza. El 7 y 8 de septiembre el juez José Luis Calama escuchará a Julio Martínez Solá y a Roberto Roselli, expresidente y exconsejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, respectivamente. Ambos habían decidido colaborar con la investigación antes del verano, renunciando a sus cargos y admitiendo haber pagado alrededor de 530 000 euros al empresario Julio Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además de cientos de vuelos en clase business que, según su versión, nunca fueron facturados.

Declaraciones y escritos de los exdirectivos

En julio, Martínez Solá y Roselli presentaron escritos en los que detallaron la relación económica mantenida con el entorno de Martínez. Las fuentes jurídicas consultadas por El Independiente anticipan que en la comparecencia los exdirectivos se limitarán a confirmar lo ya expuesto en esos documentos, respondiendo a los interrogatorios de las partes y de sus propios abogados. No está previsto que deban contestar a la acusación popular.

Los escritos ya dibujan una versión distinta a la defendida por el entorno de Zapatero: los pagos de aproximadamente el 1 % del rescate, es decir, los 530 000 euros, se habrían realizado a sociedades vinculadas a Julio Martínez, y los directivos aseguran haber sido conscientes de la relación con el expresidente, aunque no pueden precisar qué gestiones concretas realizó este último para favorecer la ayuda.

Por su parte, durante su comparecencia de casi tres horas ante la Audiencia Nacional, Zapatero negó haber gestionado la concesión del rescate, rechazó cualquier influencia sobre la SEPI y desvinculó su actividad profesional de la supuesta trama. Se prevé también la comparecencia, en septiembre, de las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, vinculadas a la sociedad «Whathefav», que habría canalizado varios de los flujos financieros atribuidos a Julio Martínez.

El «caso cloacas» de la SEPI retoma su actividad en la Audiencia Nacional con varias fechas clave. El juez Santiago Pedraz citó a la gerente del PSOE Ana María Fuentes el 9 de septiembre y al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos el día siguiente. Ese mismo 10 de septiembre comparecerá como testigo el fiscal jefe de Bajoz, José Luis Alonso.

Después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional el 12 de agosto, se reactivaron las diligencias contra Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, entre otros. La investigación, dirigida ahora por Pedraz, busca determinar si existió una estructura destinada a obstaculizar investigaciones judiciales y a proteger a personas incómodas para el PSOE y el Gobierno.

El «caso Begoña Gómez» también avanza. El cambio de abogado de la esposa del presidente, de Antonio Camacho a Jaime Campaner, retrasó la presentación de la defensa, que se espera llegue al juzgado de Juan Carlos Peino durante este mes. Tras su incorporación, la Audiencia Provincial de Madrid fijará la fecha del juicio con acusación popular contra Gómez y su asesora Cristina Álvarez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La acusación popular, liderada por Hazte Oír, redujo su petición de pena de 24 a 13 años; la Fiscalía, por su parte, solicita la absolución.

En el «caso Koldo» continúan tres líneas de investigación bajo la dirección del juez Ismael Moreno. La primera se centra en los contratos de material sanitario durante la pandemia, especialmente las compras realizadas por los gobiernos de Canarias y Baleares. La segunda investiga presuntos amaños en obra pública donde el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán figura como principal investigado, tras la detección de más de 323 000 euros en beneficios a través de la empresa Servinabar. La tercera, bajo reserva, analiza posibles discrepancias entre los pagos efectuados por el PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García y las justificaciones presentadas por ambos, con documentación aportada por el empresario Víctor de Aldama.

Quedan pendientes la sentencia del «caso Kitchen», cuya resolución está programada para los próximos días tras 37 sesiones, y los recursos contra la sentencia del Supremo en los casos de Ábalos y Koldo García. Asimismo, las defensas de David Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el recurso de Vox contra la posible condena del hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias continúan en curso.

En materia de amnistía, el Tribunal Constitucional se pronunciará en otoño sobre si el delito de malversación —excluido de la amnistía por un presunto “beneficio patrimonial personal”— puede aplicarse a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El 22 de septiembre iniciará la deliberación del recurso interpuesto por el exconseller Jordi Turull, otro líder del procés que aún no ha sido amnestizado.