Marlaska al límite solo Sánchez puede salvarlo
Fernando Grande‑Marlaska sigue contando con el único respaldo dentro del Gobierno: el del presidente Pedro Sánchez. A pesar de que el ministro de Interior se encuentra cada vez más aislado dentro de su propio ministerio y ve menguar el apoyo de otras carteras, su vínculo con Sánchez se mantiene, aunque el entorno político le presenta nuevos y complejos desafíos.
En el último año, la figura de Marlaska ha sido atravesada por una serie de crisis que, aunque inicialmente parezcan ajenas a la oposición, provienen de estructuras propias del Estado y de la gestión de diversas situaciones de emergencia. Primero la Guardia Civil, después el Ministerio de Defensa y el CNI, y ahora la Policía Nacional.
Crisis en la Guardia Civil y la UCO
El primer síntoma de aislamiento surgió en la Guardia Civil. La disputa por la Unidad Central Operativa (UCO) terminó centrando la investigación judicial en la cúpula del cuerpo en el momento de los hechos: la directora general, Mercedes González, y el Director de Área Operativa, Manuel Llamas. Ambos están bajo la investigación del juez Santiago Pedraz por su presunta implicación en el llamado “caso cloacas” y en la supuesta intención de desarticular la unidad.
Grande‑Marlaska, sin retirar su confianza, ha defendido públicamente a González y a Llamas. Paralelamente, Antonio Balas, uno de los investigadores que quedó en el epicentro de la contienda, ha sido ascendido a coronel y sigue al frente de la UCO. El ministro, por tanto, mantiene su respaldo tanto a la cúpula investigada como al investigador que se había visto envuelto en la polémica.
La investigación también ha puesto al descubierto una nota de la Jefatura de Información que alertaba internamente sobre una campaña contra los investigadores de la UCO. Según el periódico, el DAO Llamas ocultó dicha comunicación durante varios días, impidiendo que los investigadores la recibieran a tiempo.
Las declaraciones posteriores de Mercedes González y la documentación aportada por los propios investigadores han generado nuevas contradicciones sobre quién conocía qué información y quién impulsó las reservas informativas. El juez Pedraz ha abierto una investigación sobre la actuación de la cúpula de la Guardia Civil, pero el ministro ha reiterado su apoyo a sus dirigentes.
En definitiva, el ministro de Interior defiende a los responsables de la Guardia Civil en el momento de los hechos mientras el investigador central de la UCO se consolida en una posición de mayor jerarquía.
La relación entre Interior y los cuerpos de seguridad no se limita a la Guardia Civil. El caso de la jueza María Tardón, que investiga la masiva llegada de migrantes a Ceuta en verano, ha vuelto a poner sobre la mesa los límites de la autoridad del ministro frente a la Policía Judicial.
La magistrada de la Audiencia Nacional ordenó a los agentes que no informaran a sus superiores sobre el informe elaborado respecto a la entrada masiva mientras la investigación permaneciera bajo control judicial. Cuando Marlaska solicitó explicaciones por no haber sido informado, la respuesta judicial fue clara: los agentes que actúan como Policía Judicial no pueden remitir información a la esfera política mientras esté sometida a la dirección de un órgano judicial.
Esta postura ha sido respaldada por el Consejo General del Poder Judicial, que ha recordado la sujeción de los investigadores a la autoridad judicial cuando desempeñan funciones de Policía Judicial.
En el caso de la crisis de Ceuta, el ministro se ha encontrado con informes que contradicen la versión oficial defendida por Interior. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) elaboró el 29 de julio un informe que advertía sobre el riesgo de una entrada masiva en Ceuta. Marlaska había sostenido que no existían informes previos que alertaran sobre la situación, pero la publicación de varios documentos de fechas anteriores obligó al gobierno a rectificar su discurso.
Posteriormente, un informe policial remitido a la Audiencia Nacional señaló la posible implicación de agentes marroquíes en la “guía activa” de migrantes hacia territorio español y planteó la hipótesis de que la operación podía responder a objetivos distintos a los meramente migratorios. Ante la pregunta del ministro al director general de la Policía, Francisco Pardo, este negó inicialmente la existencia del documento, para después reconocer que sí existía, aunque alegó desconocer su contenido por la orden judicial de la jueza Tardón.
El conflicto se ha extendido al propio Consejo de Ministros. Margarita Robles, ministra de Defensa, afirmó que el CNI había alertado sobre la situación antes de la avalancha, mientras que Marlaska negó la existencia de informes del CNI o de Defensa que advirtieran sobre la amenaza. La Guardia Civil, por su parte, reconoció que el CNI sí informó, aunque sin precisar cifras concretas de los migrantes que podrían cruzar la frontera.
En el centro de la controversia se encuentra la relación con Marruecos. Desde Interior y el Gobierno se ha defendido que no existen pruebas que demuestren una colaboración deliberada de las autoridades marroquíes en la masiva entrada a Ceuta. Sin embargo, el informe policial sugiere una “guía activa” por parte de agentes marroquíes y una posible planificación previa, lo que abre la puerta a una responsabilidad española en la gestión de la crisis.
Ante la difusión del informe de 55 páginas del CENIF, el ministerio del Interior lanzó una campaña de descrédito de los investigadores policiales, intentando minimizar la relevancia de los hallazgos sobre la actuación de Marruecos.
Todo este escenario deja a Pedro Sánchez como el último sostén político de Grande‑Marlaska. El presidente ha mantenido su confianza en el ministro a lo largo de las distintas crisis, desde la Guardia Civil hasta la disputa con Defensa y la gestión de la crisis de Ceuta.
Grande‑Marlaska conserva, por tanto, el poder formal como ministro del Interior y el respaldo presidencial, pero enfrenta un número creciente de instituciones, cuerpos y documentos que le exigen rendir cuentas. La Guardia Civil, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y los tribunales están obligando al ministro a ofrecer explicaciones cada vez más detalladas sobre su gestión y la responsabilidad que le corresponde.
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