Indignación en el Gobierno con las razones del Supremo para frenar la 'ley de nietos': "Es atroz", "ni aparentan imparcialidad"
En los últimos días el Gobierno y el PSOE se han visto involucrados en dos procesos judiciales de gran repercusión. Por un lado, la Audiencia Nacional, a través de la magistrada María Tardón, abrió una causa relacionada con la avalancha migratoria en Ceuta. Por otro, el Tribunal Supremo dictó autos que suspenden de forma cautelar la inscripción en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española mediante la llamada “ley de nietos”, aprobada dentro de la Ley de Memoria Democrática.
Suspensión cautelar y sus fundamentos
El Tribunal Supremo, atendiendo a los recursos presentados por los partidos ultras Vox y la asociación Iustitia Europa, acordó suspender temporalmente el alta en el CERA de los nacionalizados que se benefician del artículo octavo de la Ley de Memoria Democrática (20/2022). Según el Pleno del Supremo, el “incremento excepcional” de 408 262 nuevos inscritos –pasó de 2 328 260 electores en las generales de 2023 a 2 736 522 a 1 de julio de 2026– genera un “peligro fundado, real y serio” de afectar la objetividad y la transparencia del proceso electoral.
Los magistrados argumentan que el rápido aumento de los votantes en el CERA, particularmente 115 572 en Madrid y 43 439 en Barcelona, podría producir una “circunstancia de incertidumbre” sobre los resultados de futuras elecciones, pues no se ha registrado un fenómeno similar desde la entrada en vigor de la ley de memoria democrática. Por esa razón, consideran que la medida cautelar es “temporal” y está supeditada a la resolución definitiva del caso.
Sin embargo, la magistrada Alicia Millán presentó un voto particular en el que cuestionó la proporcionalidad de la suspensión. Millán sostuvo que el supuesto “riesgo” se basa en una hipótesis futura e incierta, mientras que el perjuicio de impedir el ejercicio del derecho al voto es inmediato, efectivo y plenamente identificable. Según ella, la mera participación de los nacionalizados en elecciones no constituye, por sí misma, un daño irreparable.
Reacciones del Gobierno y de los partidos
- Gobierno y PSOE: Ministros y dirigentes expresaron su indignación, calificando la decisión como “atroz” y “una barbaridad”. El ministro Félix Bolaños, en la apertura del Año Judicial, acusó a Vox y al PP de intentar recortar derechos fundamentales y defendió la igualdad de sufragio para todos los españoles.
- Vox y Iustitia Europa: Consideran que la medida protege la transparencia electoral y evita una posible manipulación del censo.
- PP: Aunque no ha emitido una posición oficial sobre el auto, sus representantes han señalado la necesidad de garantizar la legalidad del proceso electoral.
- Isabel Perelló (CGPJ): En la misma sesión, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial lamentó las acusaciones de parcialidad dirigidas a la judicatura, calificándolas de “imputación de extraordinaria gravedad”.
- Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática): Defendió el voto particular de la magistrada Millán, argumentando que la suspensión constituye una limitación temporal de un derecho fundamental y que el interés general exige asegurar que quienes han visto reconocida su condición de españoles puedan ejercer plenamente sus derechos.
El Ejecutivo también recordó que la Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 21 de octubre de 2022, y que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del 25 de octubre de 2022 estableció la presunción de condición de exiliado para quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Esa presunción facilitó la obtención de la nacionalidad por parte de descendientes de exiliados, independientemente de la causa concreta de la emigración.
Ante la incertidumbre generada por la suspensión, el ministro Torres urgió al Tribunal Supremo a resolver el asunto con la mayor celeridad posible, advirtiendo que sería “inconcebible” que, para las elecciones previstas en 2027, existan españoles con derechos diferentes respecto al sufragio.
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