La Lista Tascón y el fichero secreto de Interior que inquieta a España
Una investigación periodística publicada a principios de septiembre de 2026 reveló que el Ministerio del Interior español, bajo la dirección de Fernando Grande‑Marlaska, elaboró en febrero de 2024 un dossier interno titulado “Tertulianos, radio y televisión”. El documento, con el sello oficial de la Oficina de Comunicación del Ministerio, contiene fichas y fotografías de decenas de periodistas, tertulianos, directivos de medios y representantes de asociaciones profesionales, acompañados de anotaciones que describen su línea ideológica y su posición frente al Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre los calificativos utilizados aparecen expresiones como “apoya al Gobierno”, “alineado con la derecha”, “anti‑sanchista”, “afín al PSOE”, “independiente” o “extrema derecha”. El dossier también incluye datos sobre los medios en los que trabajan los citados y breves valoraciones sobre su actividad profesional.
Tras la difusión del contenido, el Ministerio del Interior confirmó la existencia del archivo, describiéndolo como un documento de carácter informativo, interno y consultivo, y aseguró que no persigue ningún objetivo de censura ni de limitación de la libertad de prensa. Además, el Ministerio emitió disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos.
Paralelismos con la “Lista Tascón” de Venezuela
El hallazgo ha suscitado un intenso debate en la opinión pública y entre expertos en derechos humanos, que recuerdan la “Lista Tascón”, un registro elaborado en 2004 bajo el gobierno de Hugo Chávez. En aquel caso, el diputado oficialista Luis Tascón obtuvo la base de datos de los firmantes de un referendo revocatorio y la publicó con nombres y números de cédula de más de 2,4 millones de ciudadanos. La lista se utilizó para identificar, etiquetar y perseguir a opositores políticos, provocando despidos, discriminación en la contratación pública y hostigamiento.
Aunque los contextos son diferentes –España es una democracia constitucional con separación de poderes y una prensa plural, mientras que Venezuela vivía un proceso de concentración del poder –ambos episodios comparten la lógica de clasificar ideológicamente a ciudadanos que ejercen derechos fundamentales. En ambos casos la justificación oficial se presentó como una medida de “verificación” o “consulta interna”, aunque la potencialidad de abuso es evidente.
Los críticos advierten que, aunque hasta ahora no se ha documentado la utilización del dossier español para sanciones o exclusiones, la existencia de un archivo estatal que etiqueta a periodistas abre la puerta a presiones indirectas, tratamientos diferenciales o autocensura. Por ello, se exige claridad sobre quién autorizó la elaboración del documento, los criterios empleados para asignar las etiquetas, quién tuvo acceso a la información y con qué finalidad concreta se utilizó.
Organizaciones de defensa de la libertad de expresión y el Defensor del Pueblo han pedido una investigación parlamentaria que garantice la transparencia del proceso y establezca límites jurídicos claros para evitar que archivos de esta naturaleza se conviertan en instrumentos de control político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo sobre la “Lista Tascón”, había calificado esas prácticas como violaciones del principio de no discriminación y de los derechos políticos, una sentencia que sirve como referencia para evaluar cualquier intento similar en otros países.
En conclusión, la revelación del dossier del Ministerio del Interior plantea una cuestión esencial para la democracia española: ¿hasta qué punto es aceptable el fichaje ideológico de profesionales de los medios en el marco de la gestión interna del poder? La respuesta dependerá de la capacidad de las instituciones democráticas para garantizar la neutralidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de prensa y expresión.
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