Las bajas de más de un año representan el 4% de los casos, pero concentran hasta un tercio de todos los días perdidos
El incremento de las bajas laborales se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas españolas, tanto por su impacto económico como por la alteración del funcionamiento de las plantillas. Según los últimos datos de Eurostat, el porcentaje de personas de entre 20 y 64 años que no acudieron a trabajar por una incapacidad temporal pasó del 2,6 % en 2018 al 4,5 % en 2024, lo que supone un aumento del 73 % y casi quintuplica la media de la Unión Europea, donde la misma proporción creció un 16 % en el mismo periodo, alcanzando el 2,5 %.
En el contexto nacional, el presidente de Valorian, Miguel Venegas, informó durante el primer Congreso Nacional del sindicato que “1,6 millones de personas dejan de ir o no pueden ir a trabajar cada día”. Los datos provienen del último informe de Randst Research, que sitúa en 1 602 889 el número medio de trabajadores ausentes diariamente durante el primer trimestre de 2026; de ellos, 1,24 millones lo hicieron por baja médica o incapacidad temporal.
El fenómeno no se explica únicamente por un mayor número de procesos de incapacidad temporal, sino también por la duración de los mismos. Un estudio elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) revela que, en todas las comunidades autónomas, “las bajas de más de un año representan entre el 3 % y el 6 % de todos los procesos, pero concentran aproximadamente entre una cuarta parte y un tercio de todas las jornadas perdidas”. Así, aunque son minoría, su prolongación acumula una parte sustancial de los días de ausencia, explicando entre el 35 % y el 40 % del crecimiento de las ausencias de Incidencia Temporal desde 2018.
Reacciones del sector y propuestas de cambio
Venegas atribuyó el alargamiento de las bajas a la “saturación del sistema sanitario público y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)”. Según sus palabras, la falta de tiempo para atender y hacer seguimiento a los procesos, así como la creciente demanda asistencial, están provocando que las bajas se extiendan más de lo necesario.
Esta crítica coincide con la planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En la presentación del estudio publicado en febrero, la entonces presidenta del organismo, Cristina Herrero, denunció la “desatención del INSS tras el día 365” en la gestión de las bajas, y reclamó una actuación más activa durante todo el proceso para evitar la prolongación innecesaria de las mismas, que encarece el gasto público y empresarial.
En el plano empresarial, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha pedido que la Seguridad Social asuma el pago íntegro de los primeros 15 días de las bajas por contingencias comunes, y que se eximan a las empresas de las cotizaciones entre los días 4 y 15, así como de las cotizaciones por contingencias comunes en procesos que superen los 365 días. Además, la CEOE propone bonificar al 100 % las cotizaciones de los contratos de sustitución de trabajadores en baja.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido una reforma de la normativa de bajas laborales. En julio, afirmó que una persona que no acude a trabajar no debería “cobrar lo mismo que cuando está presente” y defendió la necesidad de actuar “con o sin acuerdo” con los agentes sociales. Un día después, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, aclaró que la propuesta se refería exclusivamente a casos de fraude y no a los trabajadores enfermos, descartando cualquier reducción del salario de quienes estén de baja médica.
Desde febrero, el Ministerio de Seguridad Social, bajo la dirección de Elma Saiz, anunció la creación de un Observatorio de la Incapacidad Temporal para monitorizar la evolución de los procesos y sus causas. Sin embargo, la mesa de diálogo social que integra al Ministerio, sindicatos y empresarios no ha celebrado nuevas reuniones, y la negociación del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sustituirá al anterior al cierre de 2025, sigue sin iniciarse.
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