Latorre, sobre el PSOE y el señalamiento tras el accidente de Urda: "Culpar a la competencia privada desvía el foco de la gestión y la supervisión"
El Gobierno había previsto que este martes, en el marco de la precampaña, el Consejo de Ministros aprobara una serie de medidas “amables y expansivas” que serían remitidas a la Diputación Permanente. Sin embargo, el día tomó un giro distinto: el foco principal recayó en el presidente de la Diputación Permanente, Óscar Puente.
En primera instancia, el Consejo de Ministros presentó ayudas dirigidas a los afectados por la reciente catástrofe ferroviaria. Aunque se ha subrayado la diligencia y la cuantía de esos recursos, la propia naturaleza de la medida ha sido interpretada por algunos sectores como un reconocimiento del fracaso institucional y un paliativo ante la tragedia.
Comparecencias y medidas de seguridad
Tras la presentación de las ayudas, Óscar Puente compareció a petición propia ante la Diputación Permanente para explicar por qué no dimitió después del accidente de Amuz y por qué mantiene su cargo después del siniestro de Urda. En su intervención intentó restablecer la confianza en la alta velocidad, aunque su credibilidad ha sido puesta en duda por la propia evolución de sus declaraciones.
Inicialmente, Puente había anunciado la inauguración de una línea de tren de alta velocidad que superaría los 300 km/h en el corredor Madrid‑Zaragoza‑Barcelona. Ahora, sin embargo, propone el cierre temporal de esa misma línea para realizar obras, la reducción de la velocidad en el resto del trayecto y la necesidad de que los maquinistas revisen sus instrumentos cuando falle el sistema LZB.
El cambio de discurso refleja una tendencia recurrente en la política del Ejecutivo: “cueste lo que cueste”, una fórmula que sugiere que los problemas se solucionarán sin importar el coste, pero que también permite anticipar una nueva dirección en la narrativa oficial.
Los sindicatos de IF y Renfe, así como los técnicos responsables del tráfico ferroviario y la seguridad de los viajeros, han denunciado una “colonización política” de ambas empresas. Según ellos, cargos con experiencia y mérito han sido sustituidos por nombramientos de confianza, lo que habría comprometido la gestión y la supervisión del sector.
En paralelo, los medios destacan la magnitud del problema. Un informe de ABC señala que el transporte ferroviario había perdido 37 millones de viajeros antes del accidente de Urda, y que la repercusión de la tragedia es “difícilmente reversible”.
El diario El País ha publicado las principales medidas que el Consejo de Ministros estudiará para reforzar la seguridad de los trenes de alta velocidad: mejora de los protocolos de comunicación con los maquinistas, aumento de recursos humanos con mejores condiciones laborales, mayor tiempo de descanso y reducción de turnos nocturnos.
El tema de los protocolos ha cobrado especial relevancia. Se ha señalado que la confusión entre controladores y la aplicación incorrecta de los procedimientos podrían haber sido factores determinantes en el accidente. La investigación en curso deberá esclarecer si los maquinistas recibieron órdenes adecuadas o si hubo un error al autorizar la reanudación de la marcha del AVE mientras el tren Iryo permanecía detenido en la vía.
Mientras tanto, la comparecencia de Óscar Puente continúa sin que haya señales de dimisión o destitución, a la espera de los resultados electorales y de la valoración de su gestión. La narrativa política se mantiene en la “guerra de relatos”, en la que la figura de Puente seguirá presente hasta que se demuestre que su permanencia ya no sirve a los intereses del partido o del país.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado la necesidad de evitar la suspensión del corredor Madrid‑Zaragoza‑Barcelona. En contraste, el presidente del Gobierno de Cataluña, Pere Aragonès, ha manifestado su oposición a cualquier cierre de la línea, subrayando la importancia estratégica del tramo para la conectividad nacional.
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