Qué nos cuenta la crisis financiera del Paraguay
El colapso del Banco Ueno, creado en 2021 bajo la dirección de la familia Vázquez, ha desencadenado una profunda crisis bancaria y política en Paraguay. La entidad, que se consolidó mediante la agresiva adquisición de Vision Banco, llegó a atender a aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes y gestionó más de 800 millones de dólares de fondos públicos, entre los que se encontraban recursos del Instituto de Previsión Social.

Según la Fiscalía, la raíz del problema fueron los préstamos otorgados a empresas vinculadas al propio grupo sin las garantías exigidas, lo que derivó en una masa de créditos en mora. Cuando el Banco Central intervino, constató que el capital del banco estaba por debajo del nivel mínimo legal, obligando a una intervención de emergencia.
Crisis bancaria en Paraguay y reacción política
La quiebra del banco se transformó rápidamente en una crisis de gobierno debido a la estrecha relación entre Ueno y los más altos cargos del poder político. Santiago Peña, presidente del país, había sido accionista del grupo hasta marzo de 2025 y, poco antes de la crisis, designó a Carlos Carvallo como presidente del Banco Central; Carvallo había presidido hasta entonces la entidad de la que surgió Ueno, lo que generó un evidente conflicto de intereses. Durante la gestión de Peña se depositaron en el banco cientos de millones de dólares provenientes del sistema de jubilaciones, a pesar de las sospechas sobre la gestión del banco.
Con las cuentas congeladas y miles de ciudadanos sin acceso a sus ahorros, la respuesta política fue rápida. El 5 de noviembre el presidente Peña presentó su renuncia; ese mismo día la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el juicio político, y al día siguiente el Senado lo destituyó, impidiéndole conservar el fuero de senador vitalicio. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia y, el 7 de noviembre, un juez ordenó la prisión preventiva de Peña y de Carvallo en el marco de una investigación que ya abarca a 27 personas.
Los ahorradores han recuperado parte de sus depósitos gracias al Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, el reembolso a los grandes depositantes dependerá del resultado de la liquidación del banco, y quienes tenían sus ahorros en dólares verán convertidos esos fondos a guaraníes, lo que implica una pérdida de valor. La principal preocupación sigue siendo el uso de fondos públicos depositados en la entidad.
El episodio también ha puesto de relieve la posición de las élites del Partido Colorado, que durante décadas han controlado el poder en Paraguay. Tanto Santiago Peña como Miguel Vázquez, presidente del grupo propietario de Ueno, eran figuras relativamente periféricas para esas élites, lo que facilitó su ascenso cuando resultaron útiles. La rapidez con que se ejecutó la destitución de Peña —cinco días entre la intervención del banco y su encarcelamiento— contrasta con casos similares en la región, como la investigación prolongada del Banco Master en Brasil.
Analistas políticos interpretan esta velocidad como una muestra de la “democracia patrimonial” que caracteriza al país: decisiones clave se toman dentro del partido gobernante y, una vez consensuadas, se trasladan a las instituciones para su formalización. La breve pausa parlamentaria antes del voto de destitución se habría utilizado para consolidar ese consenso interno, permitiendo una ejecución decisiva y sin resistencia.
En este contexto, la caída de Peña y la persecución de Vázquez funcionan como un “cortafuegos” que salvó al gobierno y al propio partido, evitando que una crisis bancaria prolongada pudiera abrir paso a la oposición, la protesta social o la pérdida de confianza de los inversores. Si bien el desenlace puede haber sido beneficioso para la estabilidad política, no se debe olvidar que la garantía de esa estabilidad ha estado, en gran medida, orientada a preservar los intereses de las élites.
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