El IMV entra en campaña con una factura acumulada de 23.500 millones y los expertos reclamando reformas desde hace años
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en junio de 2020 por la coalición gobernante de PSOE y Unidas Podemos, se ha convertido en uno de los ejes del debate económico de cara a las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Concebido durante la pandemia para asegurar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad, el programa acumula, seis años después, un gasto público cercano a los 23.500 millones de euros y cubre a 2,8 millones de personas, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social.

Posiciones políticas y propuestas de reforma
En el marco de su “prioridad nacional”, Vox incluye en la medida número 22 de su programa electoral la afirmación de que el IMV debe atender exclusivamente a los españoles con menos recursos y que se promoverá el retorno de los inmigrantes que perciban la prestación o sus complementos autonómicos.
El Partido Popular, por su parte, también propone cambios pero descarta la utilización de la nacionalidad como criterio de acceso. Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia, declaró en una entrevista que “no se puede hacer nada fuera de la ley” y que la normativa europea impide discriminar por nacionalidad. En su propuesta, el arraigo y la situación residencial serían los nuevos parámetros: “el censo histórico de una vivienda oficial o de una ayuda social será ponderado según la antigüedad que acordemos, de modo que un ciudadano español tendrá más posibilidades que una persona residente desde quince años”. Además, Feijóo planteó que los perceptores del IMV tendrían la obligación de aceptar empleos acordes con su formación y, si rechazaran trabajar de forma reiterada, la cuantía de la ayuda se reduciría progresivamente hasta su supresión.
El objetivo, según el PP, es que el ingreso mínimo sirva como apoyo temporal y como “puente hacia el mercado laboral”, convirtiéndose en un camino hacia el empleo.
La AIReF y el Tribunal de Cuentas han señalado, sin embargo, que el diseño del IMV presenta importantes deficiencias. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en su quinta opinión sobre el programa, destacó que el 46 % de los hogares beneficiarios seguía percibiendo la ayuda cinco años después de haberla solicitado, lo que evidencia dificultades para abandonar la prestación.
En la misma línea, la cuarta opinión de la AIReF concluyó que recibir el IMV reduce en un 12 % la probabilidad de encontrar empleo durante los primeros seis meses. El efecto es mayor entre los beneficiarios con cuantías superiores a la media (23 %), en hogares monoparentales (20 %) y entre los menores de 30 años (29 %).
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, publicado a finales de mayo, elogió al IMV como “la medida de carácter general más importante de lucha contra la pobreza en nuestro país”, pero criticó la ausencia de un objetivo concreto y medible. Según el tribunal, el Gobierno no ha definido qué umbral de pobreza pretende cubrir ni la reducción esperada en un plazo determinado, lo que hace que la gestión se centre en “financiar un límite de renta garantizado” en lugar de alcanzar metas específicas.
Otra de las críticas del Tribunal recae en la falta de coordinación entre administraciones. Mientras las comunidades autónomas son competentes en materia de inclusión social, la gestión del IMV depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La ley que creó la prestación preveía la creación de una Comisión de Seguimiento para articular ambas áreas, pero esta no se constituyó hasta mayo de 2024, cuatro años después de su puesta en marcha.
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