Arquitectos revelan el pacto secreto para acabar con la crisis de la vivienda
La presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llosera, ha urgido la necesidad de alcanzar un acuerdo político estable para enfrentar la crisis de la vivienda con medidas sostenibles en el tiempo, alejadas de los ciclos electorales. En una entrevista con la Agencia EFE, Vall-llosera insistió en que la vivienda, como derecho constitucional, exige políticas duraderas y un enfoque técnico que supere la confrontación partidista. "No podemos mirar para otro lado", afirmó, destacando la responsabilidad compartida de todas las administraciones ante una situación agravada por la falta de continuidad en las políticas públicas.
España necesita 246.000 viviendas anuales
Según sus estimaciones, España debería construir alrededor de 246.000 viviendas cada año para absorber la creación de nuevos hogares prevista hasta 2039, una cifra basada en los 3,7 millones de nuevos hogares proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A esta necesidad estructural se suma un déficit acumulado de entre 400.000 y 700.000 viviendas que, pese al repunte en el número de viviendas iniciadas, aún no se ha cerrado.
Vall-llosera considera imprescindible articular una respuesta integral a corto, medio y largo plazo, que aporte seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. En este sentido, ha defendido la apuesta por la construcción industrializada como una solución clave para acelerar los plazos de ejecución, compensar la escasez de mano de obra en el sector y facilitar la incorporación de nuevos perfiles profesionales.
Factores que presionan al alza los precios
- Conflictos internacionales: La crisis en Oriente Medio podría encarecer los materiales de construcción, impactando tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Inflación y tipos de interés: Ambos factores están trasladando su efecto al costo final de la vivienda, dificultando aún más el acceso, especialmente para jóvenes y colectivos con menos recursos.
- Carga fiscal: Con una fiscalidad cercana al 30% del precio final de una vivienda, Vall-llosera aboga por revisar el sistema tributario para facilitar el acceso, especialmente a la primera vivienda.
Entre las propuestas del sector figura la reforma de la Ley del Suelo, un planeamiento urbano más flexible, la disponibilidad de suelo con calificación finalista y una mayor agilidad administrativa. La presidenta del CSCAE denunció que la complejidad normativa y la lentitud en los trámites urbanísticos actúan como frenos estructurales al desarrollo de nuevos proyectos.
En este marco, Vall-llosera no descartó evaluar aumentos en la altura de edificios en zonas específicas, siempre que lo permita el planeamiento urbano y se garantice la capacidad de los servicios básicos. También reclamó una regulación más estricta de las viviendas turísticas, que en muchas ciudades están contribuyendo al encarecimiento de los alquileres, la alteración del tejido social y la pérdida de identidad urbana.
Rehabilitar para modernizar y ahorrar energía
Otro de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de impulsar la rehabilitación del parque residencial español, uno de los más envejecidos de Europa. "Mantenemos el coche, pero nos olvidamos de la vivienda", resumió, lamentando la falta de una cultura de mantenimiento y mejora en el sector residencial.
Para fomentar este cambio, Vall-llosera defendió mantener incentivos fiscales estables y abordar la rehabilitación de forma integral, incluyendo aspectos como la seguridad estructural, la accesibilidad, la funcionalidad y la eficiencia energética. Asimismo, apuesta por extender los desarrollos urbanos más allá de las grandes ciudades, siempre que se garantice una buena conectividad y la dotación de servicios públicos, integrando además criterios de resiliencia frente al cambio climático y el encarecimiento energético.
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