La nueva norma de ascensores que alarma a las comunidades: un abogado cuenta en Onda Cero que las derramas pueden llegar a 40.000 euros
El abogado Raúl Gómez, conocido por su programa “No son horas”, ha vuelto a colocar en el foco de la atención a las comunidades de propietarios. En el horizonte se cierne una nueva problemática que puede afectar de forma notable al bolsillo de los vecinos: la aplicación del Real Decreto 355/2024, que incorpora la Instrucción Técnica Complementaria ITCAM‑1, la normativa que regula la seguridad, el mantenimiento y la inspección de los ascensores en España.
El objetivo de la norma es innegable: elevar el nivel de seguridad, reducir el número de accidentes y adaptar el parque de ascensores a los estándares europeos. Sin embargo, su puesta en marcha implica un coste que, en algunos casos, puede resultar muy elevado.
Qué implica la ITCAM‑1 para las comunidades de propietarios
La normativa no obliga a sustituir todos los ascensores existentes, medida que habría supuesto un colapso financiero. Lo que sí exige es la adaptación técnica de aquellos equipos que no cumplan los nuevos requisitos. En España hay más de un millón de ascensores, y una parte importante, especialmente los instalados entre los años 60 y 90, ya supera los 20 o 30 años de vida útil. En términos jurídicos‑económicos, se trata de un parque envejecido que, tarde o temprano, necesitaba una actualización.
La obligación de adaptar los ascensores se activa de forma progresiva. No es necesario realizar la obra inmediatamente tras la publicación del Real Decreto. La reforma se vuelve exigible cuando, en la inspección periódica obligatoria, el técnico constata que el ascensor no cumple los nuevos criterios de seguridad. En ese momento se levanta acta y la comunidad debe aprobar una derrama para financiar la intervención.
Las derramas pueden oscilar desde unos pocos cientos de euros hasta los 40 000 euros por ascensor en los casos más extremos. Los trabajos más habituales incluyen la nivelación de la cabina para evitar tropiezos, la instalación de sistemas de seguridad en las puertas, la modernización de los sistemas eléctricos y la incorporación de dispositivos de control de carga. Todo ello persigue evitar accidentes, sobre todo entre personas mayores o con movilidad reducida.
Desde el punto de vista jurídico, la aportación extraordinaria que deben realizar los propietarios para sufragar estas obras se considera una derrama. No se requiere unanimidad; basta con una mayoría simple en la junta de propietarios, ya que se trata de una obligación legal y no de una decisión estética.
Si la comunidad no lleva a cabo las obras, se expone a sanciones administrativas e incluso al precinto del ascensor, lo que puede paralizar el funcionamiento del edificio y afectar gravemente la vida cotidiana de los vecinos. El impacto económico es particularmente duro en comunidades pequeñas o con propietarios de renta limitada, ya que el coste se reparte entre menos personas.
El derecho se encuentra, así, con la realidad social: una norma técnicamente impecable puede generar tensiones significativas en determinadas comunidades, sobre todo en edificios más antiguos, donde las adaptaciones son más complejas y costosas. Algunas comunidades autónomas están comenzando a estudiar líneas de ayuda, pero, por ahora, el panorama sigue siendo muy desigual.
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