Ábalos y Koldo defenderán que las mascarillas investigadas en el Supremo salvaron vidas
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo jefe de gabinete, Koldo García, han encontrado un punto de convergencia en sus defensas durante el proceso que se sigue ante el Tribunal Supremo por el llamado “caso mascarillas”. A lo largo de las dos semanas de vista oral, ambos han alineado sus argumentos para sostener que las adquisiciones de mascarillas realizadas durante la fase aguda de la pandemia fueron no solo “correctas”, sino también “necesarias” dentro de un contexto de emergencia cuyo objetivo principal era garantizar el suministro.
Defensa y argumentos de los acusados
Según las fuentes que han hablado con este medio, la línea de defensa se apoya en la premisa de que las cantidades solicitadas —ocho millones de mascarillas a través de la empresa Puertos del Esto y otros cinco millones mediante la entidad IF— respondían a una “necesidad técnica previa” ya identificada por el propio Ministerio. Las decisiones, afirman, se tomaron bajo la presión operativa de los primeros días del estado de alarma, y las peticiones iniciales de material incluso resultaron “insuficientes” frente a la demanda existente.
Esta versión se sustenta, según los testimonios escuchados en el Supremo, en declaraciones de la expresidenta de IF, Isabel Pardo de Vera, quien argumentó que la primera partida gestionada por Puertos del Esto, vinculada al empresario Víctor de Aldama, fue “la primera que llegaba a España” tras la irrupción de la pandemia. Pardo de Vera subrayó que su equipo tomó “la solución acertada” en un contexto de “tensión de mercado” y sostuvo que “no se sabe qué habría pasado si se hubiese tomado otra decisión”.
Los abogados de Ábalos y García sostienen que la actuación de la entonces cúpula del Ministerio de Transportes respondió a una necesidad operativa y no a un intento de favorecer a Soluciones de Gestión, empresa que también resultó adjudicataria en el proceso. Sin embargo, la investigación judicial ha puesto el foco en la rapidez con la que se modificó la orden de compra inicial de Puertos del Esto, duplicando la cantidad de mascarillas de cuatro a ocho millones en cuestión de minutos, lo que elevó el importe del contrato de 12 a 24 millones de euros a favor de la compañía de Aldama.
En el centro de esa secuencia se encuentra una hoja de cálculo elaborada en los primeros compases de la pandemia por Javier Sánchez Fuentefría, entonces director de Organización e Inspección del Ministerio. Según su declaración como testigo, el documento recogía las estimaciones de necesidad de mascarillas que le remitieron las distintas entidades públicas dependientes del ministerio: unos cuatro millones para 15 días y cerca de ocho millones para un mes.
Fuentefría explicó que su labor se limitó a recopilar esas estimaciones y trasladarlas a su superior antes de que se iniciara cualquier proceso de adjudicación. “Pedí las necesidades a las entidades y me comunicaron sus estimaciones. Ese excel lo remití a mi jefe con las necesidades para 15 y 30 días”, declaró ante el tribunal. Añadió que, en ese momento, no tenía conocimiento de ofertas concretas ni de empresas adjudicatarias: “Cuando mi jefe me dijo que se iba a hacer una compra fue el 19 de marzo. La oferta que me pasó para Puertos del Esto la recibí al día siguiente”.
Las defensas de Ábalos y García consideran ese excel como una prueba clave para demostrar que las cantidades finalmente contratadas ya estaban previstas desde el ámbito técnico del Ministerio, y que la duplicación de la partida responde a una actualización de esa planificación. No obstante, esa interpretación choca con la auditoría interna encargada por el posterior Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, la cual cuestionó el salto de cuatro a ocho millones de mascarillas.
Según declaró ante el Supremo la sucesora de la funcionaria encargada de la auditoría, Belén Villar, el documento de Fuentefría no se incorporó al informe y ella sólo tomó conocimiento de él “hace poco”. Las defensas argumentan que la ausencia de ese elemento es relevante, pues deja fuera una pieza que, a su juicio, es esencial para entender la planificación inicial.
Desde el comienzo del proceso, tanto Ábalos como García han calificado la auditoría de “sesgada” y “motivada políticamente”, acusándola de buscar desacreditarlos mientras se sigue el procedimiento judicial en la Audiencia Nacional. En ese sentido, el exministro presentó una querella contra las autoras del informe y contra Villar por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.
Ábalos ha señalado que no existía precedentes de un ministro impulsando una investigación interna sobre su propio predecesor del mismo partido y ha denunciado que el informe tuvo una “trascendencia efectiva” al ser incorporado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la exposición razonada que elevó el caso al Tribunal Supremo.
En el auto, el magistrado indicó que la auditoría apuntaba a la posibilidad de que el entorno de Ábalos mantuviera contactos y negocios con Soluciones de Gestión —en el marco del presunto “concierto de voluntades” con Aldama para supuestamente obtener comisiones—, una conclusión que coincidía con las diligencias de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Sin embargo, fuentes de la acusación subrayan que la investigación de la UCO se inició antes de esa auditoría y que los indicios contra Ábalos y García son independientes del informe elaborado por el Ministerio de Transportes. Según ellas, el procedimiento tuvo su origen en 2022, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el diputado del Partido Popular Alfonso Serrano.
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